El azar quiso que la semana pasada, cuando Mariano Rajoy anticipaba las propuestas de su partido para la reforma del modelo educativo en previsión de un posible pacto, los medios de comunicación publicaran tres noticias impactantes relacionadas con la enseñanza. Protagonista de la primera era la Universidad de Sevilla y el protocolo de actuación de los profesores cuando pillen a un alumno copiando en un examen, que deberán permitir que continúe realizando la prueba y después un comité integrado por profesores y alumnos decidirá sobre la gravedad de los hechos y las medidas a tomar. El lunes la Universidad Hispalense corrigió tamaño disparate, pero abochorna solo pensar que el Consejo de Gobierno de cualquier Universidad, su máximo órgano de decisión, pierda el tiempo pariendo semejante estupidez que fomenta la trampa, "legaliza" la vagancia, atenta contra el mérito y el esfuerzo y agravia a los alumnos estudiosos.
La segunda noticia informaba de la decisión del Govern Balear que, en carta a los padres, impedía que un alumno disléxico pudiera realizar los exámenes en castellano. Un ejemplo de intolerancia de los gobernantes que no saben aprovechar la riqueza idiomática que ofrece la diversidad del país, que debe ser el único del mundo en el que está prohibido o penalizado expresarse en una lengua oficial. La tercera procedía de un juzgado de Las Palmas que condenaba a una alumna de un Instituto a un año de libertad vigilada y a tratamiento psiquiátrico por pegar a una profesora.
Un caso de violencia escolar, más frecuente de lo que pensamos, que amarga a decenas de profesores que, como la docente canaria, están al límite viviendo su calvario particular. Estas cosas y muchas otras ocurren en el mundo de la enseñanza y por sí solas ya justificarían la necesidad de un Pacto de Estado sobre la Educación para poner un poco de orden con criterio de país moderno. Ese pacto es imprescindible si se analizan los datos del Informe PISA, las cifras del fracaso escolar o la poca adecuación de los planes y programas a las exigencias de un entorno en permanente cambio. Pero presiento que los intereses partidarios impedirán satisfacer tan vieja demanda de la sociedad española y gallega. Una pena.
La segunda noticia informaba de la decisión del Govern Balear que, en carta a los padres, impedía que un alumno disléxico pudiera realizar los exámenes en castellano. Un ejemplo de intolerancia de los gobernantes que no saben aprovechar la riqueza idiomática que ofrece la diversidad del país, que debe ser el único del mundo en el que está prohibido o penalizado expresarse en una lengua oficial. La tercera procedía de un juzgado de Las Palmas que condenaba a una alumna de un Instituto a un año de libertad vigilada y a tratamiento psiquiátrico por pegar a una profesora.
Un caso de violencia escolar, más frecuente de lo que pensamos, que amarga a decenas de profesores que, como la docente canaria, están al límite viviendo su calvario particular. Estas cosas y muchas otras ocurren en el mundo de la enseñanza y por sí solas ya justificarían la necesidad de un Pacto de Estado sobre la Educación para poner un poco de orden con criterio de país moderno. Ese pacto es imprescindible si se analizan los datos del Informe PISA, las cifras del fracaso escolar o la poca adecuación de los planes y programas a las exigencias de un entorno en permanente cambio. Pero presiento que los intereses partidarios impedirán satisfacer tan vieja demanda de la sociedad española y gallega. Una pena.
No comments:
Post a Comment