No leí muchas opiniones de expertos, pero a mí, que soy lego en la materia, me parece que esta ley desprende intervencionismo en muchos artículos, lo que se percibe con mucha nitidez en el número de representantes políticos en los órganos de gobierno en detrimento de los impositores, que son los dueños del dinero y ni siquiera fueron consultados; en la preceptiva "autorización" de la inversión en la Obra Social; o en la extraña "autorización previa" para determinado volumen de inversión en activos que limita a las cajas en una parcela de negocio clave para su rentabilidad.
La ley da a luz un nuevo modelo de cajas que pasan de la "supervisión" de la legislación anterior -que no ejerció la Xunta-, a una intromisión que corta las alas a estas entidades y abre la puerta a una "banca regional". Montero excusa ir a Cataluña o Andalucía.
Pero que nadie se engañe. Este férreo control político no garantiza una mayor eficiencia ni el futuro de las cajas. Muchos de los clientes, que ayer depositaron la confianza en estas entidades en forma de ahorros o de préstamos, mañana pueden huir despavoridos por tanta intromisión de los políticos que, según una encuesta reciente, son un problema para muchos ciudadanos. Al final, puede ocurrir que la ley mantenga una caja en Galicia pero tendrá más valor testimonial que posibilidades de incidencia en su economía real. El dinero sabe poco de sentimientos. Una última reflexión: da la impresión que uno de los objetivos de la ley es fusionar las cajas. Sus impulsores no deberían perder de vista que la fusión no es un fin en sí misma, una panacea, sino un medio para sumar solvencias y balances y lograr una entidad nueva y más fuerte. Alcanzar ese objetivo requiere mucha generosidad que seguro derrocharán los profesionales para mantener o reubicar sedes, integrar culturas y equipos, modificar estrategias y modelos de gestión para competir en un nuevo entorno.
Esa misma generosidad también es exigible a los dirigentes políticos, pero algunos de ellos están más ocupados en mantener sus equilibrios de poder e influencia que en lograr un proyecto económico-financiero serio y unitario para Galicia. Si la fusión depende de ellos no será exitosa y yo la veo lejana.
La ley da a luz un nuevo modelo de cajas que pasan de la "supervisión" de la legislación anterior -que no ejerció la Xunta-, a una intromisión que corta las alas a estas entidades y abre la puerta a una "banca regional". Montero excusa ir a Cataluña o Andalucía.
Pero que nadie se engañe. Este férreo control político no garantiza una mayor eficiencia ni el futuro de las cajas. Muchos de los clientes, que ayer depositaron la confianza en estas entidades en forma de ahorros o de préstamos, mañana pueden huir despavoridos por tanta intromisión de los políticos que, según una encuesta reciente, son un problema para muchos ciudadanos. Al final, puede ocurrir que la ley mantenga una caja en Galicia pero tendrá más valor testimonial que posibilidades de incidencia en su economía real. El dinero sabe poco de sentimientos. Una última reflexión: da la impresión que uno de los objetivos de la ley es fusionar las cajas. Sus impulsores no deberían perder de vista que la fusión no es un fin en sí misma, una panacea, sino un medio para sumar solvencias y balances y lograr una entidad nueva y más fuerte. Alcanzar ese objetivo requiere mucha generosidad que seguro derrocharán los profesionales para mantener o reubicar sedes, integrar culturas y equipos, modificar estrategias y modelos de gestión para competir en un nuevo entorno.
Esa misma generosidad también es exigible a los dirigentes políticos, pero algunos de ellos están más ocupados en mantener sus equilibrios de poder e influencia que en lograr un proyecto económico-financiero serio y unitario para Galicia. Si la fusión depende de ellos no será exitosa y yo la veo lejana.
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