Wednesday, April 28, 2010

La sociedad del bienestar

LOS CIUDADANOS saben que después de esta crisis nada va a ser igual que antes y saben también que se avecinan épocas duras en las que habrá grandes recortes en gastos y servicios. Lo decía el presidente de Europa, Herman Van Rompuy, que apelaba a la valentía de los gobiernos porque "nadie podrá escapar de hacer reformas impopulares en los años que v­ienen".

En el capítulo de recorte de gastos, los gallegos asistimos complacidos al desmantelamiento de los llamados "chiringuitos", no tanto por el ahorro económico que es poco significativo, como por el simbolismo que entraña acabar con una indecencia desmontando esa inútil administración paralela, concebida y creada más para habilitar despachos y pagar fidelidades que para mejorar la prestación de servicios.

Pero también nos inquieta saber en qué medida esas "reformas impopulares" a las que se refería Van Rompuy, y el recorte presupuestario de más de 200 millones del Gobierno gallego van afectar a los pilares más emblemáticos del Estado de bienestar, como son los servicios sociales, la educación y la sanidad.

No es por desanimar pero son ya muchas las personas, desde asalariados, autónomos, profesionales liberales o empresarios hasta los gurúes de la economía, que sostienen que estamos asistiendo al final de la sociedad del bienestar. La crisis económica impide mantener el nivel de gasto público para sostener muchos servicios que disfrutamos desde hace tiempo y casi creíamos eran derechos consolidados.

Por poner un ejemplo sensible: el modelo sanitario "universal y gratuito" arrastra viejos problemas y para que sea sostenible, además de recursos, necesita reformas profundas que los políticos conocen. Pero ningún Gobierno, ni el Bipartito ni este monocolor, se atreve a tomar en solitario esas medidas y los gestores que nombran solo se diferencian en la forma de contabilizar las listas de espera.

Por tanto, el debate no está solo en si es público o privado sino también en reformar ese servicio -y otros-, para que sea más eficiente, reforma que Gobierno y oposición deberían consensuar en lugar de zurrarse con la privatización, las listas o la defensa de su escasa calidad. Para evitar que el propio sistema s­anitario se hunda, que no es descartable.

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