Pocos se acuerdan ahora del debate sobre la crisis económica del mes de febrero cuando el presidente del Gobierno sacó de su chistera la creación de una comisión "copresidida" por tres ministros para negociar con los grupos políticos medidas económicas para salir de la crisis. El objetivo era alcanzar un pacto global o, si este no fuera posible, acuerdos puntuales con las distintas formaciones de la Cámara. Pero no fue posible, ni lo uno ni lo otro. Tras mes y medio de diálogo, la comisión elaboró un paquete de medidas anticrisis, 54 en total, que no obtuvo el visto bueno de los partidos políticos. Unos por unas razones y otros por otras, todos declinaron dar su aval al Gobierno que les haría corresponsables de unas medidas que, dada la magnitud de la crisis, son insuficientes. En palabras de un dirigente de CiU, las propuestas del documento, que podía haber aprobado el Gobierno sin la parafernalia del Palacio de Zurbano, "son muy superficiales y carecen de trascendencia económica y social".
Todo indica que las propuestas de esa comisión eran como un tratamiento paliativo cuando la enfermedad económica del país -también la de Galicia- requiere intervenir con cirugía rápida e intensiva para arreglar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción del déficit y el paro, la reforma del mercado laboral y las pensiones o el cambio progresivo del modelo productivo. La semana pasada el ex ministro Solchaga fue muy crítico con la débil actuación gubernamental frente a la crisis y The Economist volvió a la carga advirtiendo que ante "la falta de voluntad del Gobierno para aplicar una cirugía radical existen temores de que España quede rezagada con respecto a sus vecinos".
La percepción popular, tras tantos meses en recesión y decenas de remedios contra la crisis, es que tanto el Gobierno como la oposición saben lo que hay que hacer, pero ninguno quiere asumir el coste de tomar -y pactar en el caso de la oposición- medidas que, además de dolorosas, serán muy impopulares y tendrán su coste electoral.
Pero gobernar y ejercer la oposición es decidir y compartir los ajustes inevitables y urgentes que requiere la situación del país. Mientras no lo hagan seguiremos inmersos en la agonía económica.
Todo indica que las propuestas de esa comisión eran como un tratamiento paliativo cuando la enfermedad económica del país -también la de Galicia- requiere intervenir con cirugía rápida e intensiva para arreglar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción del déficit y el paro, la reforma del mercado laboral y las pensiones o el cambio progresivo del modelo productivo. La semana pasada el ex ministro Solchaga fue muy crítico con la débil actuación gubernamental frente a la crisis y The Economist volvió a la carga advirtiendo que ante "la falta de voluntad del Gobierno para aplicar una cirugía radical existen temores de que España quede rezagada con respecto a sus vecinos".
La percepción popular, tras tantos meses en recesión y decenas de remedios contra la crisis, es que tanto el Gobierno como la oposición saben lo que hay que hacer, pero ninguno quiere asumir el coste de tomar -y pactar en el caso de la oposición- medidas que, además de dolorosas, serán muy impopulares y tendrán su coste electoral.
Pero gobernar y ejercer la oposición es decidir y compartir los ajustes inevitables y urgentes que requiere la situación del país. Mientras no lo hagan seguiremos inmersos en la agonía económica.
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