El debate sobre el fraude fiscal cobra más actualidad en plena campaña de declaración de la renta cuando muchos ciudadanos están haciendo cálculos, equilibrios económicos y algunas privaciones para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y quedar en paz con su conciencia cívica y con Hacienda.
Dice la Constitución que todos los ciudadanos "contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Este es el marco que establece la Carta Magna, pero las sucesivas disposiciones que regulan ese mandato no consiguieron acabar con el fraude fiscal, que es una asignatura pendiente de todos los Gobiernos y un insulto a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas.
Es verdad que se van dando algunos pasos. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal que la Agencia Tributaria implantó en 2005 consiguió recaudar 550 millones de euros el año pasado en Galicia, pero es una cantidad poco significativa si se tiene en cuenta que la magnitud del fraude a la hacienda pública superaba en julio del mismo año los diez mil millones de euros, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.
El problema tiene solución, pero los sucesivos gobiernos y sus agencias tributarias, en lugar de poner los medios necesarios a disposición de los técnicos para descubrir a los grandes defraudadores, buscaron "golpes de efecto" ejemplarizantes revisando declaraciones de algún personaje público, de asalariados o de unos cuantos pequeños empresarios. Es decir, persiguieron a la parte más débil del sistema y la menos importante económicamente.
Este año la Agencia Tributaria presume de adelantar las devoluciones del IRPF como contribución para paliar los efectos de la crisis, lo que está muy bien. Pero la contribución sería mayor si combatiera el fraude fiscal hasta levantar esas inmensas bolsas que hay en el país y en los paraísos fiscales. Porque si lograra evitar que algunos defraudaran tanto, aumentaría la recaudación, bajarían la carga impositiva para todos y sería más creíble que "vale la pena pagar impuestos" para mejorar los servicios públicos de los que también nos beneficiamos todos.
Dice la Constitución que todos los ciudadanos "contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Este es el marco que establece la Carta Magna, pero las sucesivas disposiciones que regulan ese mandato no consiguieron acabar con el fraude fiscal, que es una asignatura pendiente de todos los Gobiernos y un insulto a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas.
Es verdad que se van dando algunos pasos. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal que la Agencia Tributaria implantó en 2005 consiguió recaudar 550 millones de euros el año pasado en Galicia, pero es una cantidad poco significativa si se tiene en cuenta que la magnitud del fraude a la hacienda pública superaba en julio del mismo año los diez mil millones de euros, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.
El problema tiene solución, pero los sucesivos gobiernos y sus agencias tributarias, en lugar de poner los medios necesarios a disposición de los técnicos para descubrir a los grandes defraudadores, buscaron "golpes de efecto" ejemplarizantes revisando declaraciones de algún personaje público, de asalariados o de unos cuantos pequeños empresarios. Es decir, persiguieron a la parte más débil del sistema y la menos importante económicamente.
Este año la Agencia Tributaria presume de adelantar las devoluciones del IRPF como contribución para paliar los efectos de la crisis, lo que está muy bien. Pero la contribución sería mayor si combatiera el fraude fiscal hasta levantar esas inmensas bolsas que hay en el país y en los paraísos fiscales. Porque si lograra evitar que algunos defraudaran tanto, aumentaría la recaudación, bajarían la carga impositiva para todos y sería más creíble que "vale la pena pagar impuestos" para mejorar los servicios públicos de los que también nos beneficiamos todos.
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