La ley del aborto

El PP anuncia recurso de inconstitucionalidad para la ley del aborto. A la espera de cómo queda redactada una vez salga de la sede parlamentaria, en principio parece difícil volver a argumentar el derecho a la vida del nasciturus desde su concepción como amparado por el artículo 15 del texto constitucional tras la sentencia del máximo tribunal de 11 de abril de 1985. Después de todo, el Código Penal vigente castiga el aborto pero manteniendo en vigor el artículo 417 bis del Código de 1973, que recoge los supuestos del aborto no punible.

Durante este tiempo se han producido condenas a médicos que realizaron el aborto en niñas de 14 años (TS de 30 de enero de 1991), que terminaron en el indulto del Gobierno. Una mala solución porque se remedia por vía del Ejecutivo los incumplimientos legales y reprobables por vía judicial.

La situación actual es que el consentimiento para la realización del aborto ha de realizarse por mujer mayor de edad y siempre que esta fuera capaz de conocer del alcance de tal medida. En cualquier caso, habría se ser oída si tiene más 12 años. Y si la mujer estuviera emancipada, no cabe prestar consentimiento por representación, como recuerda la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente.

En resumen, estas son las ideas que posiblemente se manejarán en el Parlamento para defender la libertad de decisión para cualquier mujer con 16 años cumplidos sin el conocimiento de sus padres, junto con el marco jurídico de otros países europeos más permisivos.

Independientemente de la solución final, resulta especialmente odioso que se estén creando parcelaciones de la capacidad de obrar por leyes especiales, generando un galimatías jurídico cuando, después de todo, es muy difícil justificar que una mujer pueda decidir por sí misma el aborto pero no pueda votar, por ejemplo. ¿Por qué entonces no es suficientemente responsable para decidir quién debe gobernarle?

Esto no implica que no deba ser oída en ningún caso, pero sí parece consistente que se busquen sistemas de integración de esa decisión individual cuando sus intereses sean contrarios con los de sus representantes legales. Y, por supuesto, tanto las medidas anticonceptivas como la educación sexual son parte de la solución a una situación que, de producirse, no es deseada por nadie.

La declaración de la renta

El debate sobre el fraude fiscal cobra más actualidad en plena campaña de declaración de la renta cuando muchos ciudadanos están haciendo cálculos, equilibrios económicos y algunas privaciones para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y quedar en paz con su conciencia cívica y con Hacienda.

Dice la Constitución que todos los ciudadanos "contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Este es el marco que establece la Carta Magna, pero las sucesivas disposiciones que regulan ese mandato no consiguieron acabar con el fraude fiscal, que es una asignatura pendiente de todos los Gobiernos y un insulto a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas.

Es verdad que se van dando algunos pasos. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal que la Agencia Tributaria implantó en 2005 consiguió recaudar 550 millones de euros el año pasado en Galicia, pero es una cantidad poco significativa si se tiene en cuenta que la magnitud del fraude a la hacienda pública superaba en julio del mismo año los diez mil millones de euros, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.

El problema tiene solución, pero los sucesivos gobiernos y sus agencias tributarias, en lugar de poner los medios necesarios a disposición de los técnicos para descubrir a los grandes defraudadores, buscaron "golpes de efecto" ejemplarizantes revisando declaraciones de algún personaje público, de asalariados o de unos cuantos pequeños empresarios. Es decir, persiguieron a la parte más débil del sistema y la menos importante económicamente.

Este año la Agencia Tributaria presume de adelantar las devoluciones del IRPF como contribución para paliar los efectos de la crisis, lo que está muy bien. Pero la contribución sería mayor si combatiera el fraude fiscal hasta levantar esas inmensas bolsas que hay en el país y en los paraísos fiscales. Porque si lograra evitar que algunos defraudaran tanto, aumentaría la recaudación, bajarían la carga impositiva para todos y sería más creíble que "vale la pena pagar impuestos" para mejorar los servicios públicos de los que también nos beneficiamos todos.

Sobre economistas

Fiedler, subsecretario con Nixon, puso en duda la fiabilidad de los economistas como magos en el arte de su conocimiento cuando un día dijo que si preguntabas algo a cinco economistas, obtendrías cinco respuestas diferentes, seis si uno de ellos fue a Harvard. La opinión de un profesional como él, que desempeñó un papel de gestor en áreas económicas del gobierno más poderoso del mundo, referida en este caso a sus compañeros de profesión, era tan elocuente como lo fue la del académico canadiense Laurence Peter, quien definió al economista como aquel que te dirá mañana por qué lo que predijo ayer no se ha cumplido hoy.

Hace uno días asistí a una conferencia de Pankaj Ghemawat, profesor de Harvard, para comprobar, entre otras cosas, si su respuesta a la crisis valía por dos, cuestión para mí tan misteriosa como desentrañar la afirmación de Fiedler. Quería comprobar, así mismo, que la redefinición de los conceptos es una estrategia tan fructífera como la propia invención de los mecanismos que los articulan, cosa en la que sobresale el indio tras matizar el significado del término ‘globalización’. Para esta segunda cuestión he obtenido, como esperaba, una respuesta positiva. Para la primera, sobre el valor de cada contestación de un profesor de la acreditada universidad norteamericana, también: nadie como ellos sabe utilizar los principios más asentados para dejarte abiertas dos puertas (y más) por las que poder dar rienda suelta a tus dudas.

Posiblemente en estos días cada lector habrá conseguido no cinco sino una veintena de respuestas y opiniones diferentes sobre las nuevas medidas para resolver la crisis aportadas por el Gobierno Zapatero, tras las que se adivina a Miguel Sebastián como telonero de un sainete en la mejor tradición del teatro español.

La sensación final que nos ha quedado, al día siguiente de la sesión plenaria, es que las medidas de ayer de Zapatero no eran lo que todos esperábamos hoy: tenemos diecisiete mercados en la piel de toro; las soluciones de pandereta, por mucho ordenador que incluyan, acaban en fiesta verbenera cuando no hay un modelo educativo que las sustente; es mejor improvisar que definir actuaciones, y lo que es peor, tenemos una clase política que es la mejor definición de las aseveraciones de Fiedler y Peter.

¿Incompetentes o pillos?

Concluyo este artículo antes de las votaciones de las 90 resoluciones de los grupos políticos que cerraban anoche el Debate sobre el Estado de la Nación y, por tanto, desconozco los apoyos que han obtenido las propuestas del Gobierno o si vive un nuevo capítulo de soledad parlamentaria.

Pero soledades al margen, a mí lo que más me asombra de esta cita política anual es que tras muchas horas de exposiciones, réplicas y contrarréplicas sobre los problemas del país; tras tantas críticas y descalificaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, lo que más interesó a los dos partidos mayoritarios y a los medios de comunicación de Madrid fue determinar, con análisis sesgados, quien ganó el debate y quien salió mejor posicionado para las elecciones europeas. Es la banalización de la política reduciéndola a puro espectáculo.

Según el CIS ganó Zapatero, pero no inspira confianza ante el futuro económico y político y muchos no creen en la fortaleza del Gobierno para conducir al país en medio de la tempestad. El mismo sondeo concluye que Rajoy tiene pocas propuestas frente a la política del Gobierno y la mayoría de los encuestados le ven poco capaz de hacer una oposición constructiva y de infundir confianza a la sociedad. Más de la mitad de los encuestados están insatisfechos con ambos, que se dedicaron más a zurrarse que a tratar los problemas de la ciudadanía. Es decir, el presidente no lidera y el jefe de la oposición no ilusiona como alternativa.

Por tanto, la gente cree que los dos salieron perdedores y con una imagen de malos gobernantes que no quieren o no saben enfrentarse a la dramática realidad económica y social de una crisis que desangra al país. Parafraseando a J. Peter, no estoy totalmente seguro si España está conducida por incompetentes que son sinceros o por pillos que nos toman el pelo.

Pero más perdió la nación, que está muy alicaída. Nos estamos asomando al abismo de una depresión atroz de la que solo puede salvarnos un gran pacto de Estado para que aparezcan "brotes verdes" en el horizonte. Aunque pocos creen que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy estén por la labor de perder algo en sus posiciones políticas para que gane mucho el país. Es una pena.

Reformas

El éxito en la economía, como en otros campos de la vida, está en la planificación y la constancia, no en el mimetismo. Cuando el pasado domingo escribía en este periódico que dudaba de que ciertas reformas en el mercado laboral consiguieran el propósito que algunos aducían, lo hacía con el convencimiento de que primar el corto plazo sobre el largo plazo es un error tan grave como no hacer nada.

Pero mi crítica fundamental estaba en la oportunidad de las reformas: ¿por qué cuando las cosas van mal es cuando todo el mundo se acuerda de santa Bárbara? Tenemos la mala costumbre, incentivada por la miopía política de los periodos electorales, de que no aprovechamos cuando las cosas van bien para implantar aquellas medidas que nos permitan en un futuro afrontar épocas más duras. Es decir, en economía la teoría de los ciclos se ha visto reiteradamente corroborada. Detrás de los buenos tiempos vienen los malos, y no hay mal que cien años dure. Pues entonces, aprovechemos la bonanza para hacer los cambios necesarios para acometer con garantías los días malos, que sin duda vendrán de nuevo cuando salgamos de los actuales y retomemos el horizonte.

El catedrático de la Universidad de Barcelona Antón Costas se refirió a este sustrato teórico en un reciente artículo en el que recogía cuatro premisas fundamentales. En primer lugar, que la crisis dificulta las reformas, porque las clases populares sólo perciben que éstas sirven para favorecer a los de siempre.

En segundo lugar, que a veces no se necesitan grandes reformas, sino mucha innovación e imaginación por parte de las instituciones, y eso es un maná que no abunda en ninguna parte del tejido social y productivo.

En tercer lugar, cualquier reforma siempre implica que uno gana y otro pierde a corto plazo, aunque el beneficio haya que contemplarlo en periodos más extensos. Y cuando estamos inmersos en la crisis, la pérdida se hace aún mucho más dura para quien ha de soportarla.

Y cuarto, la eterna manía de querer copiar las soluciones que adoptan otros. Las soluciones que funcionan en un contexto social y económico distinto no tienen por qué funcionar cuando cambian las variables. Lo que hay que buscar son ideas, no recetas, y esa es la auténtica tragedia en los momentos como los actuales.

Más facultades de Medicina

La creación de nuevas facultades de Medicina no está en la agenda del Gobierno de España ni de las comunidades autónomas, pero en Galicia la conselleira de Sanidade acaba de abrir este melón al pedir la docencia del segundo ciclo para la Universidade da Coruña, que justifica por la descentralización de las prácticas clínicas y por la creciente demanda de médicos del sistema sanitario gallego.

De verdad, ¿necesita este pequeño país más facultades de Medicina? ¿Mejorarían la educación médica teórica y práctica, que garantiza la máxima calidad en la asistencia sanitaria? ¿Es necesario desdoblar o triplicar la facultad actual para hacer frente al déficit de médicos de sistema sanitario gallego? ¿Podemos sostenerlas en esta coyuntura con los problemas de financiación que padecen nuestras universidades?

La Conferencia de Decanos de Medicina sostiene que la clave para una formación excelente no está en crear nuevas facultades sino en la adecuada dotación de recursos a las existentes que en Galicia representa la Facultade de Medicina de Santiago que ya imparte una buena formación y, si no se adocena y le dan medios, tiene capacidad sobrada para cubrir la demanda de médicos del país.

En cuanto al sistema sanitario gallego, más que facultades, necesita un equipo directivo que sepa dirigir a sus profesionales, recuperar a los emigrados e integrar a los nuevos, coordinando equipos y mejorando las condiciones laborales de aquellos que siguen trabajando en precario. Es una obviedad, pero sin una buena gestión de los recursos que tiene el Sergas, podrá haber tres facultades de medicina o una por comarca, pero también seguirá habiendo listas de espera, más médicos en paro o en la emigración y enseñanza de peor calidad.

Dicho esto, abrir facultades de medicina es una decisión política y no lo duden: a medio plazo se crearán en Galicia facultades en A Coruña y Vigo por decreto y sin recursos. Enseñarán en precario y "producirán" muchos titulados, pero pocos médicos formados para atender los problemas de salud de la población. Eso sí, ellas harán el milagro de curar este viejo y casposo debate localista, solo este, que no justifica tal despilfarro. Pero somos así de espléndidos.

El manifiesto de los 100

Un centenar de investigadores en economía firman una propuesta para la reactivación laboral en España que pasa por cuatro líneas de trabajo: eliminar la dualidad de los contratos, cuando el 30 por ciento del mercado tiene contratos temporales; cambiar de modelo en la protección de desempleo, modernizar la negociación colectiva y reformar las políticas activas de empleo.

Los economistas propugnan que las indemnizaciones por despido sean crecientes con los años trabajados, al tiempo que desaparecería la temporalidad. Además, dicen que habría que desincentivar la permanencia de los individuos en el paro elevando las prestaciones en los primeros meses en detrimento de su duración. En tercer lugar, abogan por cambiar el modelo jurídico que propugna la superioridad de los convenios de ámbito sectorial sobre los individuales, y por último, dicen que se deben gestionar las políticas de empleo con la participación de agencias privadas.

Los datos que aportan son aplastantes en la comparativa con otros países, y parecen avalar las tesis propuestas. Algunas de ellas, muy evidentes. El caos organizativo del modelo laboral y contractual español es insufrible para cualquier estudiante que se enfrente al Derecho Laboral por primera vez. Lo que es más cuestionable es que tenga que ser en época de vacas flacas cuando a tal número de mentes preclaras se les ocurra lanzar sus recetas milagrosas, si algunas de ellas eran ya muy visibles en épocas de vacas gordas, y más fácilmente implantables por aquel entonces. Parece razonable, pues, que sospechemos de la intencionalidad del manifiesto.

En estos momentos, el trabajador suma a la desconfianza sistémica hacia cualquier cosa que signifique el cambio de su estatus laboral, la propia desconfianza hacia una clase empresarial que en aquella época de abundancia ó bien no ha sabido gestionar su responsabilidad hacia los empleados ó bien no ha practicado ninguna política que los tuviera en cuenta.

Existen voces entre la clase empresarial y económica en estos días que incluso cuestionan el papel de formadores de los empresarios. Y eso sí que es un error estratégico. China y la India son países con una mano de obra muy barata, pero que año tras año nos presentan porcentajes de incremento de su población cualificada muy notorios, que apuntan a que posiblemente a medio plazo puedan competir no sólo en coste sino también por calidad. Y es esa baza, la de la calidad y la innovación la que podemos perder en los modelos productivos occidentales, bien porque jamás hemos sabido anteponer modelos formativos con visión de futuro a las pretensiones políticas de cada gobierno de turno (también los autonómicos), bien porque incluso la Universidad agoniza de una endogamia enfermiza y obtusa que le veta la innovación suficiente para generar modelos innovadores. En definitiva, carecemos de una política estratégica orientada a fomentar el I+D+i en nuestro tejido productivo.

A menudo olvidamos que hace unos treinta años, el 89 por ciento de la población en edad de trabajar no tenía el bachillerato superior y sólo un 8 por ciento era universitaria. Actualmente, sólo el 8 por ciento de esa población no tiene bachillerato y uno de cada cuatro dispone de título superior bajo su brazo. La universalización de la educación es alabable, pero ha sido a costa de la calidad y de la intensidad: el 29 por ciento de los alumnos de bachiller y el 30 por ciento de los universitarios fracasan en sus estudios. Este fracaso supone al Estado, aproximadamente, el coste equivalente al 1 por ciento de su PIB. Y los resultados de los organismos internacionales de evaluación de nuestra educación son de todos conocidos: PISA, por ejemplo.

Por otra parte, es poco creíble que una reforma del mercado laboral, efectuada justo cuando existe una amplísima oferta de trabajo (hacia los 4,5 millones de parados), y casi nula demanda, consiga los efectos deseados sobre la economía. Más bien parece lógico dudarlo. La solución a este problema, en un momento de crisis como el actual, no puede dar la espalda al apoyo a la demanda crediticia, como tampoco a las políticas keynesianas de inversión en infraestructuras (físicas y personales) generadoras de empleo. Ha sido una enorme pérdida de tiempo y esfuerzo la implantación de medidas “sociales”, como algunas de las propugnadas por Zapatero (por ejemplo, la obsesiva de los 400 euros), cuyo efecto más evidente ha sido el de financiar gratuitamente una pequeña parte de las deudas de los particulares. Tampoco creo que una rebaja fiscal anime el mercado lo suficiente como para paliar los efectos destructivos de la basura existente en el sistema crediticio. Bajar impuestos no tiene por qué generar confianza en un momento tan delicado y especial como el actual. El único sentido de una rebaja de impuestos es el de permitir aumentar el dinero en circulación y animar así el consumo. Pero en un contexto de miedo ante el futuro inmediato y de desconfianza, aumentar el efectivo en manos del público no tiene por qué traducirse en un aumento del consumo. Cosa que sí haría la generación de empleo, y más en una economía donde históricamente siempre fue aplastante el peso del consumo sobre la demanda agregada.

Evidentemente, hay que simplificar el marco contractual laboral actualmente existente y propugnar una política activa del empleo por parte del INEM eliminando su papel inútil actual. No tengo tan claro que la supresión de los marcos jurídicos que suponen los convenios sectoriales sean medidas que conduzcan a algo más que al “que cada uno se salve como pueda”, en un contexto donde los sindicatos han perdido una enorme credibilidad.

En cualquier caso, me gustaría que los políticos y los economistas demostraran, aunque solo fuera por una vez, que la ortodoxia académica no siempre es infalible, y que a veces debemos creer en Popper y poner a prueba las teorías existentes con la búsqueda de paradigmas nuevos. En eso consiste la innovación. Empiecen por ejemplo, con aprovechar esa inmensa fuerza laboral de 4 millones de parados propugnando nuevas soluciones que no pasen por el pago por estar en casa, sino fomentando, como mínimo, la formación a cambio del subsidio. Eso es apostar por el futuro de una forma proactiva. Incluso se me ocurren opciones distintas con nuevos planes E que aprovechen esa fuerza laboral. Necesitamos ideas, no recetas.

El presidente de Puertos

Hace veinte años Fernando González Laxe encabezaba una generación de jóvenes políticos del partido socialista que, con el apoyo de un nacionalismo también joven, había formado un gobierno de coalición y progreso que en dos años fue el impulsor de reformas e iniciativas que resolvieron problemas y configuraron proyectos de futuro para lograr una importante transformación que catapultó a Galicia hacia la modernidad.

Concluido aquel corto mandato y convocadas las elecciones, el candidato González Laxe se enfrentó solo a un Fraga Iribarne que entonces irrumpía como un huracán en la política gallega con todo el apoyo mediático y la bendición del Gobierno central, que dejó a su suerte al joven presidente gallego porque prefería situar en la periferia galaica al líder conservador. Aún así, obtuvo 28 escaños, cifra jamás alcanzada por ninguno de sus tres sucesores.

Entró en la historia del país, pero pocos años después Laxe dejó silenciosamente la actividad política y se fue a su cátedra de la Universidade da Coruña en la que alcanzó primeras posiciones en producción intelectual desplegando una intensa actividad docente e investigadora y aportando valor añadido, que era su nueva forma de servir al país. Con su marcha de la política el PSdeG perdió uno de sus mejores activos, un político que supera con creces el nivel que desde entonces se instaló en el socialismo gallego.

Ahora asume la presidencia de Puertos del Estado para gestionar la fachada portuaria española por "compromiso de lealtad" con un proyecto político y de amistad con el ministro de Fomento, que valora su capacidad de gestión y recupera su experiencia.

Yo no sé si este puesto es la premisa de partida para misiones de mayor alcance y recorrido. Pero sí es verdad que prescindir de los conocimientos y del buen hacer profesional de González Laxe es un lujo que el país no debería permitirse cuando hay tanta escasez de buenas cabezas en el universo de la política. Por eso, su recuperación es una sabia decisión del ministro, que se rodea de los mejores, y es una buena noticia para Galicia porque González Laxe aportará sensatez y cordura para mejorar el sistema portuario gallego, sobre todo los puertos de Ferrol y A Coruña.

Maltrato

El maltrato no tiene justificación. Es denigrante para la condición humana que el diálogo se sustituya por la violencia. Debemos luchar con uñas y dientes contra quienes se aferran a la superioridad impuesta por los puños y el grito frente a los que sólo vamos armados con la palabra desnuda, casi esquelética. Y es un deber inexcusable de los poderes públicos, que han de proteger la razón pacífica frente a la sinrazón del puñetazo cobarde con las armas legítimas que los ciudadanos, detentadores del poder soberano, hemos puesto en sus manos.

Pero también nosotros, la sociedad civil, debemos ser críticos con los poderes públicos cuando se equivocan, y con nuestros vecinos, cuando yerran, y con los medios de comunicación, cuando lo hacen mal. La crítica es inherente a la conciencia social, y debemos enarbolarla como escudo ante cualquier conducta cuestionable.

Reconozcamos, pues, como se merece la conducta individual que antepone el bienestar del otro al egoísmo del desinterés y la mirada huidiza. Revolvámonos contra la humillación del prójimo una y otra vez, mil veces, aunque sólo sea porque ese tercero podría ser en un momento determinado cualquiera de nosotros. Pero no permitamos que, amparados en lo lícito y lo ejemplar, los poderes públicos intenten beneficiarse de la conducta desinteresada vistiéndola con oropeles, medallas y puestos para los que creo en buena lógica que también otros ciudadanos se han hecho acreedores en otros momentos dignos de encomio.

Pero si los poderes públicos se equivocan y merecen nuestra reprimenda, cuando el error es del protagonista no es justo que lo silenciemos para compensar méritos anteriores sin duda sobrados, sino que debemos denunciarlo, porque si no fuera así, quienes en un momento anterior hemos aplaudido esa conducta ajena, ya no sabríamos distinguir si los principios éticos que han sustentado aquella, han sido estrella fugaz en un cielo de sombras o el producto de las creencias de la persona.

Me estoy refiriendo al profesor Neira. En esto comulgo con la periodista María Antonia Iglesias aunque su verbo desatado le traicione en ocasiones. Las buenas obras deben enaltecerse fuera de los focos de la gloria y los dineros de los medios.