Dicen los populares que el Gobierno pretende colocar a sus altos cargos en las Comisiones Nacionales de la Energía y de las Telecomunicaciones y ellos quieren que esos cargos sean designados por el Congreso en aras a “reforzar su independencia y profesionalidad”.
En el fondo, ambos partidos libran esta pelea -y otras muchas- más para situar a sus afines en los consejos de los organismos reguladores que para defender mejor a los ciudadanos frente a los abusos de las empresas y de los mercados. Por eso, a los consumidores casi nos da igual que el Gobierno nombre estos cargos a dedo o que sean nombrados por el Parlamento.
Sirva un ejemplo como ilustración. Hace unos días, la Comisión Nacional de la Energía, el máximo órgano regulador de este mercado, denunciaba el desamparo del ciudadano ante las compañías eléctricas y admitía que las numerosas quejas de los usuarios “revelan una situación de indefensión frente a una regulación poco clara y al incumplimientos de la normativa vigente por parte de las empresas”.
Ese desamparo lo sufrimos por el proceder de las compañías que lo mismo cobran recibos por consumo estimado que dicen regularizar al mes siguiente, como tardan en devolver las cantidades cobradas indebidamente, no contestan a las llamadas y reivindicaciones y cometen otros abusos. Es decir, vulneran nuestros derechos de consumidores que están protegidos por una norma de rango superior a la autorización del ministerio de Industria en la que se amparan.
Que se sepa, la denuncia de la Comisión Nacional de la Energía, cuyos consejeros quieren renovar ahora, no tuvo respuesta por parte del Gobierno -ministerio de Industria- ni mereció comentario alguno de la oposición. Ambos deben estar entretenidos en dilucidar si hay más corrupción en los verdes o en los colorados, como decía Cantinflas en una interpretación memorable. Tan solo la Xunta dice que va a investigar los abusos de las eléctricas denunciados ante el Instituto Galego de Consumo, pero temo que, como le ocurriera a don Quijote, pierda la batalla contra tan poderosos gigantes.
De modo que da igual que utilicen el dedo gubernamental o den cierta apariencia democrática a los nombramientos para los consejos de los organismos reguladores. Los consumidores seguiremos desamparados frente a los abusos de las eléctricas y de otras empresas. Lamentable, pero cierto.
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