Hace treinta y un años había en Galicia siete cajas de ahorros, un verdadero minifundio de entidades financieras muy en sintonía con el particularismo localista que caracterizaba a este país. Eran cajas pequeñas recluidas en su territorio y muy limitadas en sus posibilidades operativas con respecto a los bancos. Hoy, después de unos procesos de fusión modélicos, Galicia cuenta con dos cajas situadas en los primeros puestos en este sector del ahorro.
La dimensión que alcanzaron, fruto de su gestión eficiente, llevó a ambas cajas a otros territorios mediante prudentes planes de expansión, pero su actividad financiera y social está plenamente vinculada a Galicia, su mercado natural. Esa vinculación al territorio se concreta en el apoyo que prestan al sector productivo del país atendiendo las necesidades financieras y de servicios de las familias, de los profesionales y del tejido empresarial. Las cajas hicieron realidad que muchos gallegos tengan su vivienda, su despacho, su negocio o su empresa en propiedad y ahora están ahí, en primera línea, apoyando las medidas anticrisis de la Xunta. A mayores, sus beneficios revierten a la sociedad en forma de impuestos y a través de la Obra Social que han sabido reorientar y adaptar a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Esta es la forma que las cajas tienen de “facer país” que no parece suficiente a los partidos políticos. Por eso incluyen en sus programas una nueva ley, dicen que “para democratizar sus órganos de gobierno y comprometerlas con la economía productiva de Galicia”. Un partido va más allá y habla de orientar sus inversiones, “decirlles como e cando fusionarse” y las amenaza con un banco público.
No es este el mejor momento para introducir reformas en unas entidades que ya prestan un excelente servicio a Galicia gracias al trabajo independiente de sus profesionales. Además, esa ley no responde a sus necesidades empresariales sino que busca satisfacer la ambición de los políticos para los que “entrar” en las cajas de ahorros es una tentación más que sugestiva y la pretendida “democratización” de sus órganos de gobierno es un eufemismo que enmascara la ingerencia en su gestión. Que Dios salve a las cajas.
La dimensión que alcanzaron, fruto de su gestión eficiente, llevó a ambas cajas a otros territorios mediante prudentes planes de expansión, pero su actividad financiera y social está plenamente vinculada a Galicia, su mercado natural. Esa vinculación al territorio se concreta en el apoyo que prestan al sector productivo del país atendiendo las necesidades financieras y de servicios de las familias, de los profesionales y del tejido empresarial. Las cajas hicieron realidad que muchos gallegos tengan su vivienda, su despacho, su negocio o su empresa en propiedad y ahora están ahí, en primera línea, apoyando las medidas anticrisis de la Xunta. A mayores, sus beneficios revierten a la sociedad en forma de impuestos y a través de la Obra Social que han sabido reorientar y adaptar a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Esta es la forma que las cajas tienen de “facer país” que no parece suficiente a los partidos políticos. Por eso incluyen en sus programas una nueva ley, dicen que “para democratizar sus órganos de gobierno y comprometerlas con la economía productiva de Galicia”. Un partido va más allá y habla de orientar sus inversiones, “decirlles como e cando fusionarse” y las amenaza con un banco público.
No es este el mejor momento para introducir reformas en unas entidades que ya prestan un excelente servicio a Galicia gracias al trabajo independiente de sus profesionales. Además, esa ley no responde a sus necesidades empresariales sino que busca satisfacer la ambición de los políticos para los que “entrar” en las cajas de ahorros es una tentación más que sugestiva y la pretendida “democratización” de sus órganos de gobierno es un eufemismo que enmascara la ingerencia en su gestión. Que Dios salve a las cajas.
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