Cuando se tata de evaluar las medidas gubernamentales, y más cuando se acerca el periodo electoral, la prudencia aconseja siempre esperar y examinar con detenimiento, como merece, todo aquello que se anuncia como grandes logros. El paquete de medidas de la nueva ministra para ayudar a los jóvenes en el acceso a una vivienda, en este caso en alquiler, ha de beneficiarse, pues, de esa virtud no frecuente en demasía. Al menos, mayor prudencia que la que han demostrado los propios protagonistas al anunciar sólo una parte de las medidas con ánimo claramente electoralista, y que, examinadas aisladamente, no dejan de ser medidas pretenciosas e insuficientes. Pretenciosas, por presentarlas como una solución para el problema en esa franja de edad; insuficientes, porque no dejan de ser estímulos para la demanda que, “ceteribus paribus”, conllevan inmediatamente un alza de precios en los alquileres, digan lo que digan.
No existe mejor ejemplo que recurrir a las experiencias pasadas. En este caso, les cuento brevemente lo que pasó con el plan de alquiler de la Xunta, que viví en primera persona. Hace tres años alquilé en mercado libre un apartamento para una hija que se iba a estudiar a Vigo. Se lo alquilé a una sociedad dedicada a esta actividad de arrendamiento de viviendas, que ella misma promovía. El precio, alto, pero acorde con la situación del mercado, que comprobé también deambulando por las calles y los pisos que se ofertaban en aquel momento. Al año siguiente, ya en vigor el plan de la Xunta de ayudas al arrendatario, dejamos el apartamento para alquilar otro mejor comunicado con el campus olívico. En aquel momento supe el efecto de aquellas medidas de boca del mismo que me había alquilado el apartamento, contento por liberarlo: se ayudaba al inquilino, que pagaba menos de lo que yo pagaba, pero también al arrendatario, que había subido el precio en torno al 20%. En consecuencia, quien no se beneficiara de aquel plan debía soportar la inflación descarada de los precios. ¿Qué había pasado?
Incentivar la demanda sin ninguna actuación simultánea sobre la oferta inmobiliaria lleva aparejado inmediatas alzas en los precios, con lo que los loables objetivos pretendidos en un principio se convierten al final en un derroche de recursos públicos. Esta es una denuncia que algunos han empezado a hacer en las tribunas públicas. Por supuesto, el Gobierno se limita a emplazarnos para el lanzamiento del segundo capítulo de su programa. Incluso el diario El País, afín ideológicamente al partido del Gobierno, cuestionó las medidas, y ahora nos sorprendemos de la reacción de la ministra, pidiendo “coherencia” entre la información y la opinión del periódico.
No existe mejor ejemplo que recurrir a las experiencias pasadas. En este caso, les cuento brevemente lo que pasó con el plan de alquiler de la Xunta, que viví en primera persona. Hace tres años alquilé en mercado libre un apartamento para una hija que se iba a estudiar a Vigo. Se lo alquilé a una sociedad dedicada a esta actividad de arrendamiento de viviendas, que ella misma promovía. El precio, alto, pero acorde con la situación del mercado, que comprobé también deambulando por las calles y los pisos que se ofertaban en aquel momento. Al año siguiente, ya en vigor el plan de la Xunta de ayudas al arrendatario, dejamos el apartamento para alquilar otro mejor comunicado con el campus olívico. En aquel momento supe el efecto de aquellas medidas de boca del mismo que me había alquilado el apartamento, contento por liberarlo: se ayudaba al inquilino, que pagaba menos de lo que yo pagaba, pero también al arrendatario, que había subido el precio en torno al 20%. En consecuencia, quien no se beneficiara de aquel plan debía soportar la inflación descarada de los precios. ¿Qué había pasado?
Incentivar la demanda sin ninguna actuación simultánea sobre la oferta inmobiliaria lleva aparejado inmediatas alzas en los precios, con lo que los loables objetivos pretendidos en un principio se convierten al final en un derroche de recursos públicos. Esta es una denuncia que algunos han empezado a hacer en las tribunas públicas. Por supuesto, el Gobierno se limita a emplazarnos para el lanzamiento del segundo capítulo de su programa. Incluso el diario El País, afín ideológicamente al partido del Gobierno, cuestionó las medidas, y ahora nos sorprendemos de la reacción de la ministra, pidiendo “coherencia” entre la información y la opinión del periódico.
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