Tengo curiosidad por conocer la resolución del Valedor do Pobo sobre el complemento de altos cargos, asunto que él mismo calificó de "muy conflictivo", y sobre el que deberá pronunciarse a instancias de la CIG.
Porque en plena canícula nuestros parlamentarios aprobaron una nueva reforma de la Ley de la Función Pública, cuya novedad más llamativa es la disposición adicional decimoséptima en virtud de la cual todos los funcionarios de carrera con dos años continuados o tres interrumpidos en cargos como director general o superior o en puestos en la Administración pública (alcaldes, presidentes de diputación, diputados) percibirán un complemento de destino de hasta 14.721 euros.
Habitualmente en el Hórreo andan a la greña, pero en esto se produjo el milagro de la unanimidad. Llama especialmente la atención que los dos grupos del Gobierno olvidaron de pronto "el caos administrativo heredado de la situación anterior", así como la declaración programática del Gobierno del cambio que iba a primar la competencia, la capacidad, la transparencia y el mérito.
De nada han servido la indignación de los funcionarios; la denuncia de un sindicato; la protesta del Movemento pola Igualdade do Emprego Público; el rechazo explícito de una alto cargo de la Xunta, honrosa excepción; la perplejidad de la gente, o las decenas de comentarios periodísticos. Será que los calores del estío insensibilizan a los diputados-funcionarios, que se premian a si mismos con un suculento sueldo vitalicio.
Ese Plus funcionarial es más llamativo si se compara con el sueldo mínimo interprofesional de 570,6 euros al mes; con el sueldo medio de los gallegos, que supera en poco los mil euros; con la pensión media que en Galicia es de 563 euros, la más baja de todas las comunidades autónomas, o con que un 64% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes.
En fin, un premio por los servicios prestados en cargos públicos, ejercidos tantas veces con manifiesta incompetencia. No sé que dirá el Valedor pero para el ciudadano que paga, que no cuestiona su legalidad, es una indecencia y hasta un insulto.
Porque en plena canícula nuestros parlamentarios aprobaron una nueva reforma de la Ley de la Función Pública, cuya novedad más llamativa es la disposición adicional decimoséptima en virtud de la cual todos los funcionarios de carrera con dos años continuados o tres interrumpidos en cargos como director general o superior o en puestos en la Administración pública (alcaldes, presidentes de diputación, diputados) percibirán un complemento de destino de hasta 14.721 euros.
Habitualmente en el Hórreo andan a la greña, pero en esto se produjo el milagro de la unanimidad. Llama especialmente la atención que los dos grupos del Gobierno olvidaron de pronto "el caos administrativo heredado de la situación anterior", así como la declaración programática del Gobierno del cambio que iba a primar la competencia, la capacidad, la transparencia y el mérito.
De nada han servido la indignación de los funcionarios; la denuncia de un sindicato; la protesta del Movemento pola Igualdade do Emprego Público; el rechazo explícito de una alto cargo de la Xunta, honrosa excepción; la perplejidad de la gente, o las decenas de comentarios periodísticos. Será que los calores del estío insensibilizan a los diputados-funcionarios, que se premian a si mismos con un suculento sueldo vitalicio.
Ese Plus funcionarial es más llamativo si se compara con el sueldo mínimo interprofesional de 570,6 euros al mes; con el sueldo medio de los gallegos, que supera en poco los mil euros; con la pensión media que en Galicia es de 563 euros, la más baja de todas las comunidades autónomas, o con que un 64% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes.
En fin, un premio por los servicios prestados en cargos públicos, ejercidos tantas veces con manifiesta incompetencia. No sé que dirá el Valedor pero para el ciudadano que paga, que no cuestiona su legalidad, es una indecencia y hasta un insulto.
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