Conozco a un pequeño empresario que lleva año y medio peregrinando a su concello para cobrar facturas que le deben por distintos servicios prestados. Esa deuda municipal estrangula su economía causándole severos problemas de liquidez para cumplir con sus proveedores, para hacer frente a los créditos de los bancos y para pagar las nóminas de sus empleados.
Lamentablemente, hay miles de casos como este. Hace unos meses, cientos de trabajadores autónomos se manifestaron en Madrid para pedir al Gobierno y a los grupos parlamentarios que las administraciones reduzcan trámites y plazos para pagar las deudas. Y la semana pasada el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos denunciaba la morosidad de las administraciones públicas que les deben más de 34.000 millones de euros e incumplen la ley tardando una media de 158 días en pagar las facturas. Tanta morosidad de las Administraciones provocó la desaparición de 200.000 negocios en los últimos dos años y, de seguir así, a finales del que viene habrán desaparecido unas 100.000 pequeñas empresas más.
Es verdad que siempre hubo demoras en los pagos de las administraciones públicas, pero ahora su morosidad es uno de los efectos perversos de la crisis que las tiene a todas -sobre todo a los ayuntamientos- asfixiadas, incapaces de hacer frente al coste de los servicios que dan a los ciudadanos. Ahora bien, no es razonable que esos servicios se presten a costa de retrasar los pagos a muchas pequeñas empresas creadoras de empleo que, asfixiadas por esas deudas, tienen que cerrar las puertas y enviar a sus empleados al paro. Como bien apunta el presidente de los autónomos, “que no encarguen lo que no pueden pagar”. Dicho en lenguaje coloquial, que no inviten a más rondas con el dinero ajeno.
La mayoría de los empresarios que realizan trabajos para las administraciones tienen que acudir al crédito para financiar circulante y poder hacer frente a los retrasos en los pagos. Pero el crédito tampoco fluye, las deudas se siguen acumulando y sin liquidez el tejido empresarial se ahoga. Por eso, está bien ayudar a las banca, a las eléctricas, al automóvil y a otros sectores, pero es más urgente rescatar a las pequeñas empresas de la morosidad de las administraciones que es una severa amenaza para miles de puestos de trabajo.
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