El gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico es un problema muy complejo porque intervienen distintos actores con intereses contrapuestos, como son la industria farmacéutica, los médicos, los enfermos que no andan sobrados de educación sanitaria, y el Sergas que es el que paga las rondas.

El hecho cierto es que las medicinas se acumulan -sanitarios de atención domiciliaria dicen que en los domicilios hay medicamentos repetidos por valor de 300 euros-, los costes se disparan y suenan todas las alarmas en el sistema sanitario gallego porque la factura de medicamentos en la sanidad pública supera los mil millones al año, una cantidad asombrosa que asusta porque supone un tercio de todos los recursos destinados a esta pata de nuestro estado de bienestar y el 10% de todo el presupuesto de la Xunta.

Mírese por donde se mire, esta espiral de gasto es insostenible y semejante dispendio tampoco contribuye a mejorar la calidad de la atención sanitaria. Por eso, antes de que todo el tinglado se desmorone, urge tomar medidas para reducir ese gasto que es una amenaza severa para preservar nuestra sanidad pública, universal y gratuita.

Una de esas medidas es la proposición de ley presentada en el Parlamento por los populares y apoyada por el BNG que, partiendo del listado de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, pretende establecer un catálogo más reducido de fármacos incluyendo los llamados genéricos que, manteniendo sus principios activos y la amplitud necesaria para cubrir todas las patologías, resulten más baratos para el Sergas y, consiguientemente, para el erario público gallego.

Sin duda, son necesarias más medidas para arreglar los muchos problemas de la sanidad, pero esta propuesta parece razonable porque aplica criterios de eficiencia para ahorrar unos cien millones al año prestando el mismo servicio, sin merma alguna en la calidad. Por eso, nadie con sensatez podría entender que en esta situación de crisis el grupo socialista no apoye la propuesta o que el Ministerio de Sanidad impugne esta ley -otra vez conflicto de competencias con Galicia- que ni rompe el principio de equidad del sistema, ni agravia a los gallegos. Simplemente aplica el sentido común que busca la eficiencia en la gestión de los recursos públicos para ahorrar los dineros de todos.