Bolígrafos caídos

Un hartazgo de deficiencias e injusticias empujaron a la Guardia Civil a la protesta para exigir una jornada laboral más justa y su equiparación con otras Fuerzas de Seguridad del Estado, más reconocidas y mejor tratadas. Las condiciones laborales y salariales, la brutal reducción de medios y la negación de derechos fundamentales justificaban su protesta que se concretó en una huelga de “bolis caídos”. Prevenían y vigilaban los puntos peligrosos para salvaguardar la seguridad vial; ayudaban y socorrían, pero no sancionaban a los infractores.

Esa caída de las multas -y de la recaudación- fue lo que soliviantó a sus superiores que hasta les puntúan más por una denuncia que por el auxilio a una víctima o la actuación en un accidente. Es tal su afán recaudatorio que lo anteponen al servicio y a la seguridad del ciudadano.

Este fin de semana volvían a estar en las carreteras -y en otras misiones- con sentido de la disciplina y del deber, aunque su presencia no evitara todos los accidentes porque la Guardia Civil no es responsable de la densidad circulatoria de agosto, de que cada día haya más conductores irresponsables o carreteras en mal estado, que son algunas de las causas de tanto siniestro.

Por eso es indecente que alguno de sus mandos “civiles” vinculara el aumento de la siniestralidad viaria a la huelga de “boligráfos caídos”, como es indigno que les exijan imponer un número de sanciones para cobrar el escaso complemento de la productividad, equiparándolos a los famosos gorrillas que tanto molestan en muchas ciudades del país.

Su huelga peculiar continúa seguramente con escasos resultados y ellos siguen indignados y decaídos y con razón. Dicen sus representantes en la Asociación Unificada de Guardias Civiles que la Benemérita “vive los momentos más críticos de la democracia” y se sienten utilizados y maltratados por un Gobierno “que les está faltando al respeto”. Su situación debe ser tan grave que en un comunicado acaban pidiendo ayuda a la sociedad civil porque “ya no podemos más”.

La seguridad es uno de los pilares del estado de bienestar y no parece posible con la Guardia Civil desmotivada y poco reconocida en los derechos que corresponden a sus miembros como personas y servidores públicos. El Gobierno debería tratarlos con más respeto.