Al fin se critica la obsoleta política de financiar viviendas en propiedad con presupuestos públicos sin diseñar mecanismos de control eficaces sobre sus posibles beneficiarios. Muchos ciudadanos cuestionan la idoneidad de un sistema que pretende dar respuesta a un legítimo derecho constitucional cuando los beneficiarios de esas ayudas públicas ostentan impúdicamente signos de riqueza exterior incompatibles con sus demandas. Por ejemplo, no es raro encontrarse a quien puede dar ejemplo de familias que alardean de que no ponen sus inmuebles a nombre de los hijos para que éstos puedan acceder a viviendas subvencionadas que un día engrosarán sus patrimonios.
El FMI habla en su informe (9 de diciembre) de la poca transparencia de estas políticas, que no siempre alcanzan a los que deberían ser sus legítimos beneficiarios, y aboga por incrementar las viviendas en alquiler. Añadamos: y con revisiones periódicas de la situación económica de cada inquilino. Favorecerles, por supuesto, pero no enriquecerles a costa del patrimonio público. Es ilógico que una persona que por razones económicas no pueda acceder a una vivienda protegida situada en una acera de cualquier calle de nuestras ciudades, tenga que pagar el doble por otra de similares características situada en la acera de enfrente mientras observa el parque de coches de lujo que entra en el garaje de aquellas. En ningún lugar se dice que el derecho constitucional a una vivienda digna tenga que satisfacerse en forma de pisos en propiedad.
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