Es la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía que la Consellería de Educación de Valencia obliga a enseñar en esta lengua, que es una extravagante manera de boicotearla. Hace pocos días hubo un gran revuelo en aquella Comunidad con encierros y protestas generalizadas de padres, profesores y alumnos contra esa orden, y la semana pasada el primer control evaluador del aprendizaje de la asignatura en tres institutos dio como resultado que 199 alumnos de 201 sacaran un cero.
El espectáculo es muy triste porque traspasa la frontera de la defensa del legítimo derecho a la objeción para adentrarse en la burla de la ley y, sobre todo, por la utilización de la educación y de los alumnos, los más perjudicados, como arma arrojadiza en una disputa político-partidaria que quiere dejar clara la oposición en Valencia a una asignatura que fue implantada por el gobierno de Madrid.
Tuve en mis manos un libro de Educación para la Ciudadanía y en sus unidades didácticas encontré un adoctrinamiento bastante más “descafeinado” que el que ejercen a diario los políticos de todos los partidos desde las televisiones o las televisiones mismas en sus informativos y programas. Por eso no acabo de entender el rechazo frontal del PP a la asignatura creando tanto conflicto en Valencia (y en Madrid, donde también incitan y amparan la objeción), ni las razones por las que un número muy reducido de padres -178 según la Consellería- objetan en Galicia.
Allá ellos con el problema que han generado, pero la confrontación política entre partidos no justifica impedir que los adolescentes estudien, debatan y extraigan conclusiones sobre cuestiones como la libertad y la responsabilidad, la convivencia y la paz, la igualdad entre las personas y el respeto a las diferencias, la solidaridad como derecho y deber, la convivencia en democracia o el estado y sus funciones.
Reflexionar en las aulas sobre lo que es normal en la calle, hacer comprender la valía estrictamente ética de las normas que permiten el pluralismo de convicciones y actitudes en un marco común de tolerancia y respeto, parece un objetivo fantástico. Sobre todo con el déficit de convivencia que arrastramos.
El espectáculo es muy triste porque traspasa la frontera de la defensa del legítimo derecho a la objeción para adentrarse en la burla de la ley y, sobre todo, por la utilización de la educación y de los alumnos, los más perjudicados, como arma arrojadiza en una disputa político-partidaria que quiere dejar clara la oposición en Valencia a una asignatura que fue implantada por el gobierno de Madrid.
Tuve en mis manos un libro de Educación para la Ciudadanía y en sus unidades didácticas encontré un adoctrinamiento bastante más “descafeinado” que el que ejercen a diario los políticos de todos los partidos desde las televisiones o las televisiones mismas en sus informativos y programas. Por eso no acabo de entender el rechazo frontal del PP a la asignatura creando tanto conflicto en Valencia (y en Madrid, donde también incitan y amparan la objeción), ni las razones por las que un número muy reducido de padres -178 según la Consellería- objetan en Galicia.
Allá ellos con el problema que han generado, pero la confrontación política entre partidos no justifica impedir que los adolescentes estudien, debatan y extraigan conclusiones sobre cuestiones como la libertad y la responsabilidad, la convivencia y la paz, la igualdad entre las personas y el respeto a las diferencias, la solidaridad como derecho y deber, la convivencia en democracia o el estado y sus funciones.
Reflexionar en las aulas sobre lo que es normal en la calle, hacer comprender la valía estrictamente ética de las normas que permiten el pluralismo de convicciones y actitudes en un marco común de tolerancia y respeto, parece un objetivo fantástico. Sobre todo con el déficit de convivencia que arrastramos.
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