"Yo debo ser el único catalán al que la Generalitat no le ha encargado un estudio", dice uno de los personajes de Romeu en una viñeta reciente . Es que en Cataluña anda la oposición -y la Fiscalía- investigando cómo y para qué fueron encargados cientos de informes por distintos departamentos del Ejecutivo de aquella comunidad.
Cuentan las crónicas que sólo el año pasado se encargaron nada menos que 1.580 informes a particulares y empresas sobre asuntos muy diversos y con títulos tan curiosos como El cultivo de la chufa y el murciélago nana, Estudio sobre la validación de los portafolios de medicina familiar y comunitaria o Creación de un olor. El coste de todos ellos fue de 32 millones de euros y por algunos se pagaron grandes cantidades por adelantado, cuando esos mismos departamentos tardan nueve meses en pagar a sus proveedores.
Desconozco la utilidad de estos estudios para las labores ordinarias de gobierno, por ejemplo para evitar/gestionar crisis como la del Carmel, los apagones eléctricos del verano o los retrasos de los trenes de cercanías. Ahora bien, el Gobierno catalán está en su derecho de destinar los recursos que quiera a informes sobre las cuestiones que estime oportuno. Allá ellos.
Pero esta moda de los informes parece que es común a casi todos los gobiernos que encargan sesudos trabajos sobre los temas más pintorescos a ex políticos, militantes de sus partidos, a familiares o amigos que copian un supuesto cuerpo de doctrina y se inventan unas conclusiones que no tienen otra utilidad que ir a parar a los cajones de los despachos de sus mecenas. Dicen los que andan por las proximidades del poder que los informes -como los asesores- son la forma más socorrida y la excusa perfecta para sostener o favorecer al amigo o al pariente en dificultades que sobreviven "investigando" para la Administración y en el caso de empresas interpuestas mejoran sus resultados económicos.
No engrandece la democracia que esta tradición de informes inútiles perviva con total impunidad en la gestión política. Es un clientelismo más fino que también malgasta muchos recursos.
Cuentan las crónicas que sólo el año pasado se encargaron nada menos que 1.580 informes a particulares y empresas sobre asuntos muy diversos y con títulos tan curiosos como El cultivo de la chufa y el murciélago nana, Estudio sobre la validación de los portafolios de medicina familiar y comunitaria o Creación de un olor. El coste de todos ellos fue de 32 millones de euros y por algunos se pagaron grandes cantidades por adelantado, cuando esos mismos departamentos tardan nueve meses en pagar a sus proveedores.
Desconozco la utilidad de estos estudios para las labores ordinarias de gobierno, por ejemplo para evitar/gestionar crisis como la del Carmel, los apagones eléctricos del verano o los retrasos de los trenes de cercanías. Ahora bien, el Gobierno catalán está en su derecho de destinar los recursos que quiera a informes sobre las cuestiones que estime oportuno. Allá ellos.
Pero esta moda de los informes parece que es común a casi todos los gobiernos que encargan sesudos trabajos sobre los temas más pintorescos a ex políticos, militantes de sus partidos, a familiares o amigos que copian un supuesto cuerpo de doctrina y se inventan unas conclusiones que no tienen otra utilidad que ir a parar a los cajones de los despachos de sus mecenas. Dicen los que andan por las proximidades del poder que los informes -como los asesores- son la forma más socorrida y la excusa perfecta para sostener o favorecer al amigo o al pariente en dificultades que sobreviven "investigando" para la Administración y en el caso de empresas interpuestas mejoran sus resultados económicos.
No engrandece la democracia que esta tradición de informes inútiles perviva con total impunidad en la gestión política. Es un clientelismo más fino que también malgasta muchos recursos.
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