Con las infraestructuras galaicas, sobre todo con la estrella que es el tren de alta velocidad, tendrá mucho que ver la Comisión de Fomento del Congreso. Por eso, es una buena noticia que esta comisión esté presidida por un diputado pontevedrés que seguro conoce las carencias y necesidades del país y, más allá de intereses partidarios, es de esperar que imprima nuevos impulsos -y velocidades- a estas obras a lo largo de esta legislatura considerada determinante para materializar el compromiso verbal de todos con Galicia.
Pero mal haríamos si en materia de infraestructuras confiamos solo en el trabajo de esa comisión, aunque la presida un gallego. En este sentido algo debería decir el Parlamento gallego, que con la fuerza moral de la representación que ostenta, que es mucha, puede ser exigente y hasta beligerante con el Gobierno central en cuestiones tan importantes para el porvenir del país como son el ferrocarril y otras obras.
Por eso, es una mala noticia que los grupos que sustentan al Gobierno hayan rechazado la iniciativa de la oposición que proponía la creación de una comisión mixta Xunta-Administración central para supervisar la realización de las infraestructuras del Estado en Galicia y el cumplimiento de los plazos del AVE. Como también es mala noticia que los mismos socios no se pongan de acuerdo en ampliar las funciones de esa otra comisión de cooperación Galicia-Estado para que pudiera hacer ese mismo seguimiento de las grandes obras. O que todos los grupos tengan criterios tan distantes en cuestión tan significativa como la financiación.
Aquella propuesta de la oposición o la ampliación de las funciones de la comisión de cooperación apuntaban en la dirección de crear un frente común "para hacer país", expresión que tanto gusta en el gobierno bipartito. Pero no fue posible porque no se entienden. Da la impresión de que cada una de las bancadas va a su bola y a veces parece que defienden con más ardor sus intereses partidarios que los asuntos que, como el control de las infraestructuras, todos consideramos trascendentes para Galicia.
Pero mal haríamos si en materia de infraestructuras confiamos solo en el trabajo de esa comisión, aunque la presida un gallego. En este sentido algo debería decir el Parlamento gallego, que con la fuerza moral de la representación que ostenta, que es mucha, puede ser exigente y hasta beligerante con el Gobierno central en cuestiones tan importantes para el porvenir del país como son el ferrocarril y otras obras.
Por eso, es una mala noticia que los grupos que sustentan al Gobierno hayan rechazado la iniciativa de la oposición que proponía la creación de una comisión mixta Xunta-Administración central para supervisar la realización de las infraestructuras del Estado en Galicia y el cumplimiento de los plazos del AVE. Como también es mala noticia que los mismos socios no se pongan de acuerdo en ampliar las funciones de esa otra comisión de cooperación Galicia-Estado para que pudiera hacer ese mismo seguimiento de las grandes obras. O que todos los grupos tengan criterios tan distantes en cuestión tan significativa como la financiación.
Aquella propuesta de la oposición o la ampliación de las funciones de la comisión de cooperación apuntaban en la dirección de crear un frente común "para hacer país", expresión que tanto gusta en el gobierno bipartito. Pero no fue posible porque no se entienden. Da la impresión de que cada una de las bancadas va a su bola y a veces parece que defienden con más ardor sus intereses partidarios que los asuntos que, como el control de las infraestructuras, todos consideramos trascendentes para Galicia.
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