Descubierta la trama de corrupción de funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, un periódico de alcance nacional preguntaba a sus lectores: ¿Crees que la corrupción está presente en los ayuntamientos de toda España o lo sucedido en Madrid es un hecho aislado? Los resultados son demoledores: el 93% cree que la corrupción está instalada en todo el ámbito municipal.
No se puede generalizar. Hay miles de funcionarios y la inmensa mayoría son trabajadores honrados que cumplen con su función y desempeñan con eficiencia sus puestos de trabajo. Lo ocurrido en Madrid es un caso concreto que afecta a un número muy reducido de funcionarios municipales.
Pero no estoy tan seguro de que todos los funcionarios sean diligentes en el servicio al ciudadano. Porque son numerosos los expedientes que duermen un sueño casi eterno en el limbo de los cajones por la negligencia de muchos empleados públicos instalados en la cultura del “vuelva usted mañana”. Es peor aún la desidia de la administración, incapaz de dar certeza jurídica al ciudadano con una normativa que defina los tiempos para “mover” los papeles y resolver en plazo razonable los trámites administrativos. Este vacío normativo y la falta de control son los culpables de la inmensa mayoría de las actuaciones funcionariales arbitrarias.
A veces parece que algunos funcionarios -y sus jefes los políticos- con empleo vitalicio y confortable y sueldo generoso, están por encima de la economía real. Quizá por eso no son conscientes de que la tardanza en tramitar un expediente pone en grave riesgo la supervivencia de muchos negocios y empresas que no pueden soportar nuevas cargas financieras para hacer frente al objetivo de producir bienes o prestar de servicios.
¿Justifica el mal funcionamiento de la administración las prácticas corruptas? De ninguna manera. Tanto el empresario que paga como el funcionario que cobra cometen infracciones de igual gravedad. Pero entre ambos, merece más comprensión el empresario que, desamparado y sin seguridad administrativa, “compra” un papel para evitar la ruina de su negocio y sobrevivir en el mercado.
No se puede generalizar. Hay miles de funcionarios y la inmensa mayoría son trabajadores honrados que cumplen con su función y desempeñan con eficiencia sus puestos de trabajo. Lo ocurrido en Madrid es un caso concreto que afecta a un número muy reducido de funcionarios municipales.
Pero no estoy tan seguro de que todos los funcionarios sean diligentes en el servicio al ciudadano. Porque son numerosos los expedientes que duermen un sueño casi eterno en el limbo de los cajones por la negligencia de muchos empleados públicos instalados en la cultura del “vuelva usted mañana”. Es peor aún la desidia de la administración, incapaz de dar certeza jurídica al ciudadano con una normativa que defina los tiempos para “mover” los papeles y resolver en plazo razonable los trámites administrativos. Este vacío normativo y la falta de control son los culpables de la inmensa mayoría de las actuaciones funcionariales arbitrarias.
A veces parece que algunos funcionarios -y sus jefes los políticos- con empleo vitalicio y confortable y sueldo generoso, están por encima de la economía real. Quizá por eso no son conscientes de que la tardanza en tramitar un expediente pone en grave riesgo la supervivencia de muchos negocios y empresas que no pueden soportar nuevas cargas financieras para hacer frente al objetivo de producir bienes o prestar de servicios.
¿Justifica el mal funcionamiento de la administración las prácticas corruptas? De ninguna manera. Tanto el empresario que paga como el funcionario que cobra cometen infracciones de igual gravedad. Pero entre ambos, merece más comprensión el empresario que, desamparado y sin seguridad administrativa, “compra” un papel para evitar la ruina de su negocio y sobrevivir en el mercado.
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