“Los bancos no prestan”, sentenciaba lacónicamente el Gobernador del Banco de España en uno de sus análisis de la crisis, y son las pequeñas y medianas empresas las que más acusan esta falta de crédito que no riega sus arterias productivas con el circulante necesario para hacer frente a los gastos del proceso de creación de bienes y servicios.
Pero en muchas empresas el crédito es necesario sobre todo para hacer frente a los retrasos en los pagos y a las deudas de las administraciones -de todas las administraciones- cuya morosidad causa muchos problemas de tesorería y de rentabilidad y multiplica la mortalidad empresarial. Se estima que las administraciones central, autonómicas y locales adeudan a las empresas 12.000 millones de euros.
No tengo datos de Galicia, pero las deudas de las administraciones seguro que representan un problema para muchas empresas gallegas. La propia Xunta se comprometió a implantar en febrero un registro electrónico para garantizar a los acreedores el cobro de sus facturas en 45 días y acabar con la discrecionalidad en los pagos. La medida también debería ser obligatoria para los concellos que, en muchos casos, es cierto que dan más servicios de los que les corresponden, pero también es verdad que muchos de ellos los prestan a costa de no pagar a las empresas proveedoras.
También la Ley de Economía Sostenible, ese compendio de reformas que presentó la semana pasada el presidente Zapatero, incluye un capítulo que obligará a las administraciones al pago de las facturas en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obra. El objetivo es el mismo: acabar con la morosidad que el sector público tiene con las pymes y los autónomos que, si se cumple, puede ser la salvación para muchas empresas.
Pero incomprensiblemente, esa disposición no entrará en vigor hasta 2013, cuando la primera medida de la Ley que pretende cambiar el modelo económico y relanzar la economía debería ser acabar con esos peregrinajes vergonzosos de tantos empresarios que van de ventanilla en ventanilla para regresar con los bolsillos vacíos, sin cobrar lo que les pertenece. Mientras las administraciones asfixien a las empresas no cabe pensar en economía sostenible.
Pero en muchas empresas el crédito es necesario sobre todo para hacer frente a los retrasos en los pagos y a las deudas de las administraciones -de todas las administraciones- cuya morosidad causa muchos problemas de tesorería y de rentabilidad y multiplica la mortalidad empresarial. Se estima que las administraciones central, autonómicas y locales adeudan a las empresas 12.000 millones de euros.
No tengo datos de Galicia, pero las deudas de las administraciones seguro que representan un problema para muchas empresas gallegas. La propia Xunta se comprometió a implantar en febrero un registro electrónico para garantizar a los acreedores el cobro de sus facturas en 45 días y acabar con la discrecionalidad en los pagos. La medida también debería ser obligatoria para los concellos que, en muchos casos, es cierto que dan más servicios de los que les corresponden, pero también es verdad que muchos de ellos los prestan a costa de no pagar a las empresas proveedoras.
También la Ley de Economía Sostenible, ese compendio de reformas que presentó la semana pasada el presidente Zapatero, incluye un capítulo que obligará a las administraciones al pago de las facturas en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obra. El objetivo es el mismo: acabar con la morosidad que el sector público tiene con las pymes y los autónomos que, si se cumple, puede ser la salvación para muchas empresas.
Pero incomprensiblemente, esa disposición no entrará en vigor hasta 2013, cuando la primera medida de la Ley que pretende cambiar el modelo económico y relanzar la economía debería ser acabar con esos peregrinajes vergonzosos de tantos empresarios que van de ventanilla en ventanilla para regresar con los bolsillos vacíos, sin cobrar lo que les pertenece. Mientras las administraciones asfixien a las empresas no cabe pensar en economía sostenible.
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