Bravuconerías políticas

Otra bravuconería de los políticos amenazando la independencia judicial. En una sociedad democrática jamás se permitiría que a instancias de un miembro del ejecutivo se amenazara la sagrada independencia de los jueces, garante de un auténtico Estado democrático y social de Derecho. Ni siquiera se les ocurriría hacer tamañas afirmaciones como las que han realizado los políticos catalanes, que revelan un talante dictatorial y antidemocrático de extrema preocupación.

Para ello utilizan el mismo lenguaje que han utilizado todos los fascismos y dictaduras europeas a lo largo del siglo XX: invocando la soberanía del pueblo, la capacidad de autogobierno, la lectura amplia (e irreconocible) de los textos que no interesan en un momento determinado… Vuelvo a recomendar la lectura de B. Marlmberg para quien no sepa a qué me refiero.

Otra cosa, que sí es cierto, es que los políticos (y el pueblo) desconfíen de que el sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional sea el más adecuado. Pero hay que dejar muy claro que son ellos los que han jugado a un juego de clientelismo que en este momento, o en cualquier otro, puede salirles mal. Y ahora no tienen ningún derecho a lamentarse de lo que no se ha hecho bien antes.

Oír semejantes tonterías sólo produce la sensación de vivir en un país del tercer mundo. Las reglas de juego, en democracia, hay que respetarlas, y cuando no gusten, se cambian con el consenso de la mayoría. Lo demás, es recuperar tiempos pasados que es mejor olvidar.

Una caja solvente y global

Cuando Felipe II presentía cercana la muerte, sabedor de las carencias de su heredero, confesaba a don Cristóbal de Moura, marqués de Castel Rodrigo: "¡Ay, don Cristóbal, que me temo que me lo han de gobernar!". El tiempo confirmaría sus temores porque el sucesor entregó el gobierno del reino a validos que buscaban más satisfacer sus ansias de poder que servir al país.

Traigo a colación este episodio porque estamos en la semana que va a definir el futuro de las cajas y, parafraseando a Felipe II, la pregunta es si a Galicia "la han de gobernar" imponiéndole la decisión final sobre estas entidades que, por imperativos de la crisis, ya no pueden caminar en solitario.

Cualquier solución es mala por los altos costes laborales, financieros y sociales. Pero, dando por supuesta la solvencia de ambas entidades, la fusión es la solución menos costosa y la única que garantiza que el país siga contando con una entidad financiera propia. ¿Quién se opone a esta alternativa? Corre por Galicia un vendaval de pesimismo e impotencia porque de nuevo "la quieren gobernar" un puñado de intereses personalistas y planteamientos políticos que solo piensan en clave local y se oponen a la unión de las cajas para mantener sus feudos, con manifiesto desprecio al interés general del país.

Las cajas forman parte de nuestro paisaje económico, cultural y social, y Galicia no se concibe sin la existencia de estas instituciones que nacieron en su seno y crecieron con el país, cuyo desarrollo supieron impulsar. Llevarlas a una fusión virtual foránea con el invento del SIP equivale a su desintegración progresiva y a la pérdida segura de su condición de gallegas, que alguien debería impedir invocando la "razón de estado". Y si desaparecen que nadie culpe a agentes externos: entre todos las perdimos para seguir instalados en el minifundio en estado puro y sin "leiras".

No solo "Feijoo se la juega en diez días", como titulaba un periódico, sino que esta es la partida de todos los gallegos. Que Breogán ilumine al presidente y a sus interlocutores -ayer las cajas y hoy la oposición- para que Galicia no desaparezca del mundo de las finanzas y siga contando con una Caja propia, solvente y global.

Como hace siete años

El destino ha querido que el día trece Galicia fuera azotada por un temporal similar a aquel que el mismo día de hace siete años hizo naufragar al Prestige, aunque este año el país fue más afortunado porque no se produjo naufragio alguno en el mar de Finisterre, seguramente porque no navegaba por ese corredor marítimo un barco de similares características.

Siete años después, la primera pregunta es si Galicia está más preparada para hacer frente a una catástrofe como aquella y la respuesta varía en función de los alineamientos políticos. Quienes no tenemos esa servidumbre percibimos que casi todo sigue igual, los medios son escasos -se fue al “mar de Madrid” el grupo de expertos del Centro de Prevención de Contaminación Marítima sin que nadie proteste-, no hay protocolo de actuación y ante otro “accidente” se producirá la misma descoordinación entre administraciones que acabarán culpándose mientras corren los vertidos por la costa.

La segunda pregunta es saber si en estos siete años se ha hecho algo por A Costa da Morte, tradicionalmente abandonada por los sucesivos Gobiernos. Que se sepa, más allá de las compensaciones económicas puntuales tras aquella catástrofe, nada ha cambiado porque esta zona sigue arrojando datos propios de la Galicia más profunda como son las graves carencias en servicios básicos, el problema del paro que padece más que ninguna otra comarca con un índice muy bajo de población ocupada y la pérdida de habitantes porque la gente sigue emigrando cuando encuentra destino.

Llovieron las promesas y permanecen las frustraciones. Primero fue el Plan Galicia y en 2007 se presentó con gran despliegue mediático otro plan para revitalizar la comarca con muchas actuaciones, desde infraestructuras hasta captación de proyectos industriales. Las inversiones estrella iban a ser un gran vial de comunicación, que ahora se les promete concluir en esta legislatura, y el parador en Muxía que duerme envuelto en una maraña burocrática de celos y competencias entre organismos administrativos.

En fin, que este aniversario del Prestige nos recuerda que una nueva catástrofe pillaría a Galicia con las carencias de siempre y que A Costa da Morte sigue abandonada a su suerte. Como hace siete años.

La ley Beckham

Como aficionado agradezco a la Liga de Fútbol Profesional que no haya parado la competición liguera en protesta por el cambio en la tributación del impuesto de la renta de los futbolistas extranjeros que juegan en equipos españoles. Tampoco entendería que la patronal del fútbol cuestionara la modificación de la llamada Ley Beckham para que los artistas del balón paguen impuestos como los demás mortales "de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo".

La reforma afecta a unas tres mil personas extranjeras que trabajan en España, entre ejecutivos de empresas, algunos investigadores y unos pocos futbolistas, según el director general de Tributos, y es más importante por lo que tiene de ejemplarizante y simbólico, sobre todo con los deportistas, que por el volumen económico de la recaudación. Pero eso, como contribuyente apreciaría más que los partidos minoritarios de la izquierda "vendieran" sus votos para aprobar los Presupuestos a cambio de otros dos compromisos gubernamentales.

El primero debería ser obligar al Ejecutivo a perseguir con más ahínco y mejores resultados el fraude fiscal. No tengo los últimos datos, pero hace poco más de un año la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda desvelaba que la cifra de impuestos sin pagar ascendía a 280.000 millones de euros -10.600 en Galicia-, cantidades mareantes. Descubrir esas inmensas bolsas de fraude resolvería algunos problemas de las cuentas públicas y aliviaría la carga fiscal de los contribuyentes honrados.

Como segundo compromiso, ya que la reforma fiscal afecta a jóvenes deportistas, sus señorías deberían exigir al Gobierno que haga algo por ese 30% de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo, según la última EPA. Hacer algo significa crear las condiciones necesarias para impulsar un plan de empleo juvenil para que un millón trescientos mil jóvenes capacitados, que son de la misma generación que los futbolistas extranjeros, puedan trabajar. Perseguir el fraude y ocuparse del empleo juvenil son problemas más importantes que pactar el ajuste de la tributación de los deportistas millonarios que suena más a "golpe de efecto" mediático que a una eficacia recaudatoria para aliviar las arcas del Estado.

Deberían pedir perdón

En plena crisis de los trajes, un personaje de Forges entra en un despacho y dice: "Buenas, desearía una desvergüenza". "¿Estatal, autonómica, municipal?", pregunta el funcionario. "Mix", le contesta. La creatividad del autor compendia y resume en una simple viñeta un asunto de tan rabiosa actualidad como es la corrupción. Comportamientos indecentes siempre los hubo como refleja un paisano de Castelao que se pregunta "¿Cómo facerá Don Fulano para ganar dez mil reás e aforrar cen mil?", pero ahora saltan todas las alarmas. El hecho de que casos de corrupción sean noticia casi diaria en los informativos y abran las primeras páginas de los periódicos induce a pensar que, al amparo de intereses urbanísticos, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de dinero están instalados en la vida política y hasta en las entrañas de la sociedad.

No es fácil recordar todos los casos ni determinar cuales son los más graves. ¡Que más da! Muchos piensan que solo nos enteramos de aquellos más espectaculares por su volumen económico o por la relevancia mediática de los personajes implicados quedando en el limbo del olvido otras actuaciones menos llamativas, pero igualmente corruptas.

La pandemia es transversal, contagia a políticos de todos los partidos y territorios, y deja tocado al sistema democrático. Neil Postman dice que en las sociedades democráticas cada cual puede pensar y expresarse libremente, hasta el punto de poder pronunciarse contra la idea misma de la democracia. Pero ha de aceptar las reglas que obligan a comportarse con decencia. Por eso, tantos comportamientos corruptos minan su credibilidad y desmoralizan a los ciudadanos, convencidos que por este camino desembocamos en la "mordida", que es el paradigma de corrupción generalizada, y en el caudillismo populista, que suele ser la salida más socorrida de este fangal.

¿Hay remedio? El modelo necesita reformas profundas y controles permanentes. Por tanto quienes nos gobiernan desde el poder o la oposición, antes de arremeter contra los casos descubiertos en la casa del vecino, deberían pedir perdón a toda la sociedad y después implantar esas reformas y controles para refundar el sistema libre de toda sospecha.