Aparcar a los hijos

Disfrutan del primer día de vacaciones y desayunan juntos los padres y su hija. “¡Como ha crecido la niña desde la última vez que la vimos!”, reflexiona el padre. ¡Es que no sé si es ella!, contesta la madre. La niña, que observa atentamente a sus progenitores, piensa para sí: “¿Serán mis padres estos tíos?”. La escena familiar está tomada de una viñeta de El Roto y puede parecer un tanto exagerada, pero refleja la realidad de las relaciones entre padres e hijos en gran número de familias: no se reconocen.

El sociólogo Javier Enzo dice que hay dos tipos de familia que tienen escasa capacidad educadora que él llama la familia nominal y la familia conflictiva. La primera, “la más numerosa de las familias españolas”, tiene de tal solo el nombre. En su seno hay una situación de coexistencia pacífica dentro de una política de laissez faire, laissez passer, es decir, mirar para otro lado cuando aparecen problemas o algo no gusta.

En la familia conflictiva, “los hijos y los padres están a la greña continua”, estos son incapaces de entender siquiera los cambios biológicos de sus vástagos y ante alguna deriva de ellos, como alcohol o droga, reaccionan hasta violentamente agrandando la distancia entre la problemática de los hijos y la escasa comprensión de los padres.

Estos dos tipos representan al 60% de las familias españolas y destacan más por la dejación de funciones que por el conocimiento mutuo y la educación, porque también escasea lo que se entiende por convivencia. Un estudio de Inés Alberdi y Pilar Escario sobre la paternidad concluye que muchos progenitores quieren ser padres responsables, pero tan solo pasan 22 minutos al día con sus hijos.

Por eso ellos se quejan de que los padres los aparquen en el colegio, en la tele o en el parque y, según conclusión de la tesis “Aproximación a los valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 de la provincia de A Coruña” defendida en la Facultad de Psicología de la USC, reclaman a sus progenitores que, además de comprarles cosas, les dediquen más tiempo. En el curso y en vacaciones.

¿Sobran funcionarios?

Un informe de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, PIMEC, dice que 32 de cada cien puestos de trabajo creados en la comunidad gallega entre 2005 y 2008 -unos 10.000 empleos públicos- corresponden al Estado, a la Xunta, los ayuntamientos y las universidades, lo que sitúa a Galicia como la tercera autonomía que más ha engordado las cifras de empleo en sus administraciones.

¿Son muchos funcionarios? Según se mire. Desde la óptica de creación de empleo siempre son pocos. Galicia disminuye el paro por esta vía y ojalá pudiera incrementar el número de empleados públicos para dar acogida a tantos parados y a los jóvenes que cada año buscan trabajo lejos de su tierra.

Pero si se mira desde el presupuesto, los datos no son tan positivos porque con el crecimiento de la oferta pública de empleo en un 8,4%, superior a la mayoría de las comunidades, crece también el gasto público y aumenta el peso desmedido y muchas veces injustificado de empleados públicos, sin que una plantilla de funcionarios sobredimensionada garantice mayor eficiencia en el servicio al ciudadano.

Según ese informe que se apoya en datos oficiales, la administración gallega está un poco excedida, más allá de lo que requiere la carga de trabajo, y no es un ejemplo de plantilla funcionarial ajustada. Pero “cantan más” los excesos en la nómina de altos cargos, asesores y cargos de confianza, aunque jamás lleguemos a conocer su número porque pertenecen a los arcanos que este Gobierno, igual que los anteriores, guarda celosamente.

Es verdad que en este tipo de contrataciones Galicia se parece a casi todas las administraciones. Por poner un ejemplo cercano, la semana pasada el alcalde de Estepota estrenó su mandato cesando nada menos que a 25 cargos de confianza nombrados por su antecesor. Y diez comunidades, muchas de ellas más ricas que Galicia, que seguramente contrataron altos cargos con mucha alegría, ahora congelarán sus sueldos y destinarán esos fondos a la dinamización económica de sus territorios. No resuelven la crisis, pero al menos son dos gestos que podrían ser imitadas desde Galicia.

La fuerza de los votos

Desde finales de junio, nuestros lideres políticos, en celo electoral, libran una pelea dialéctica por culpa de esa Comisión de seguimiento de las obras del AVE para que se realicen al ritmo que requiere el cumplimiento del plazo comprometido de 2012.

La verdad es que malgastaron energías y perdieron el tiempo. Porque, después de la aprobación en el Congreso de esa Comisión y cuando los tres grupos gallegos habían superado sus diferencias y aparcado los protagonismos con una propuesta conjunta que expresaba “la posición de Galicia como un país unido en la defensa de los intereses generales”, aparece la ministra Salgado y dictamina que no procede convocar esa Comisión porque las infraestructuras gallegas deben ser abordadas desde el ámbito sectorial y esta vía de colaboración ya está abierta entre ambas administraciones.

La carta de la ministra sitúa esta cuestión en el peor o en el mejor de los escenarios imaginables hace unos días, según se mire: siembra el desconcierto en las filas de los socialistas gallegos obligando al presidente a hacer más de una faena de aliño ante una nueva “falta de cintura política”; da alas a sus socios de gobierno, que están capitalizando muy bien la cuestión, y carga de razón a la oposición que tiene un argumento más para seguir enredando. Políticamente, la carta es poco respetuosa y democrática porque rechaza una petición de todas las fuerzas políticas del país en unanimidad poco frecuente.

Pero tampoco hay que ser tan ingenuo como para pensar que esa Comisión es la garantía de que se ejecuten las inversiones necesarias para que el AVE llegue en el tiempo prometido. No tendrá esa fuerza y solo servirá para que sus miembros acepten educadamente los retrasos que se van a producir por “dificultades coyunturales”.

Porque, mientras el socialismo gallego siga siendo una franquicia de Madrid, como son los populares, pueden crear una comisión por kilómetro de vía, que no servirán para nada y seguirán dándonos desplantes. Pero la culpa es nuestra porque en política la mejor comisión para que las cosas funcionen es la fuerza de los votos.

Transporte público

Bienvenida sea toda medida que favorezca el ahorro de energía, incluida la moderación del aire acondicionado y eliminación de la corbata, como hizo el ministro del ramo en gesto estudiado que le dio su cuota de gloria en los medios y entretuvo a los colegas de las tertulias madrileñas.

Pero hay otras medidas de más alcance. Como el proyecto de coche verde en el que participan el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro para a Excelência e Innovaçâo da Industria Automóvel (CEIIA) de Portugal que quieren desarrollar el vehículo ecológico del futuro en el marco de la cooperación transfronteriza. O la utilización de autobuses eléctricos y la recuperación del tranvía, que fue una conclusión del VIII Congreso de Ingeniería de Transportes que se celebró la semana pasada en A Coruña.

Ahora bien, hasta que cuajen esos inventos e iniciativas, la medida más contundente para ahorrar energía es dotar al país de un transporte público urbano e interurbano decente, lo que implica reestructurar radicalmente el que tenemos para que dé servicio a los espacios que conforma el plan de Ordenación del Territorio. Dice el Dictionnaire de l’urbanisme que ordenar el territorio es disponer con orden en el espacio de un país a los hombres, las actividades, los equipamientos y los medios de comunicación que puedan utilizar.

¿Vamos en esa dirección? En enero el presidente de la Xunta presentaba el proyecto de la Ley de Fomento del Transporte Público de Viajeros en Galicia para “modernizar el servicio, descongestionar el tráfico metropolitano, favorecer la movilidad en el medio rural, disminuir la contaminación y el consumo energético”. Buscar, en definitiva, una mejor cohesión social y territorial.

Esa Ley tendría que ser una prioridad porque dentro de poco el precio de la energía nos obligará a dejar el coche en nuestras casas y, a falta de trenes de cercanías, casi todos vamos a ser usuarios del transporte público y las administraciones deberían garantizar que fuera digno. Pero este “asunto de país” va para largo porque aquel proyecto de Ley aún no entró en el Parlamento.

Matar el gato

Se contaba por Betanzos el caso de una familia que pasaba por severas dificultades económicas derivadas de la mengua de sus ingresos y un desmedido aumento de los gastos. Tanta penuria obligó al clan a celebrar un “consejo de familia” para buscar una solución y tras ardorosas discusiones acordaron “matar el gato” en la creencia de que ahorrando la comida del felino salvaban la crisis económica familiar.

Es un viejo cuento que ilustra lo que está ocurriendo. En los últimos años acomodamos nuestra vida a una plácida bonanza de crecimiento, nos apuntamos a la orgía del crédito barato y otros gastos que nos endeudaron hasta las orejas y hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.

De pronto, una crisis financiera venida de lejos lo contagia todo: estalla la burbuja inmobiliaria, se desbocan los precios, se esfuma el superavit de las cuentas públicas, las empresas tienen problemas de financiación, rebrota el paro… En poco tiempo se desmoronó el edificio y ahora tenemos problemas económicos serios, como la familia del cuento.

¿Saldremos adelante? Para algunos lo peor está por venir -la CEG maneja un crecimiento del 0,3% para el segundo semestre- y puede que tengan razón porque cada día aparecen datos peores. Al otro lado está la visión alegre que encabeza el optimismo del presidente del Gobierno (y su entorno) que el domingo aún mantenía que “vamos a crecer en torno a un 2%” y sigue afirmando que el país tiene un plus de resistencia superior a los del entono. Era muy expresivo el titular de Xornal el domingo pasado: “Zapatero celebra sus cien días de gobierno tan contento como siempre”, como si nada pasara.

Negar la realidad da la razón a los que piensan que el Gobierno llegó tarde, está dubitativo en el diagnóstico y las medidas tomadas, admitiendo su capacidad limitada, suenan más a recetas caseras al estilo de “matar el gato” de la familia betanceira que a decisiones de alto calado que devuelvan la confianza a los agentes económicos, como exige la gravedad de la crisis.

Por eso, hoy no debería salir políticamente vivo de la sesión del Congreso si no justifica su optimismo con un análisis sólido, sin paños calientes, y el tratamiento que piensa aplicar a lo que él llama “dificultades” de nuestra economía.