"En Vigo hay irregularidades mucho peores que la nuestra, pero solo nos derriban la casa a los pobres". Así de lacónica se expresaba Charo Amorín, propietaria de una pequeña casa familiar en la viguesa parroquia de Sampaio, que la Justicia ordena derribar.
En 1999, la familia Dasilva-Amorín invirtió sus ahorros y formalizó una hipoteca para reformar la casa. Su delito fue sustituir una pared de ladrillo por otra de piedra, hecho que fue calificado como "obra nueva" tras la denuncia de una vecina. Se sucedieron los pleitos y ganaron sentencias, pero la última, del TSXG, ordenó el derribo del inmueble, que hasta ahora impidieron los vecinos. Ahora, el titular del Juzgado de lo Contencioso conmina al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia porque teme una quiebra en el Estado de Derecho. ¡País!
En Vigo hay 2.000 pisos ilegales y dicen que las torres de García Barbón, los apartoteles de Samil, un complejo residencial en Castrelos y un centro comercial de grandes dimensiones son el paradigma de la ilegalidad urbanística, que previsiblemente serán legalizados con el Plan Xeral. La lista puede extenderse a otros ayuntamientos en los que se levantaron cientos de edificios bajo la filosofía de "ti vai facendo?", sin que hasta ahora se derribaran más allá de una docena.
Yo no cuestiono la sentencia, líbreme Dios. Probablemente la única solución frente a las barbaridades urbanísticas sean sentencias ejemplarizantes para que funcione la piqueta. Pero deberían empezar por aquellos edificios de una ilegalidad clamorosa, que casi siempre encuentran "medidas de excepción o singularidades" para su legalización circunvalando las leyes? porque en Vigo y en Galicia "solo nos derriban la casa a los pobres".
Parece que la dura lex, sed lex es para los obreros con escasos recursos y sin amigos pudientes. Como los paisanos de la viñeta de Castelao, la familia Dasilva-Amorín se está preguntando: "E agora, ¿a quen podemos recurrir para librarnos da xustiza? A lo mejor, el nuevo Ministerio de Igualdad consigue que todos -pobres y poderosos- seamos iguales ante la ley, también ante la ley urbanística.
En 1999, la familia Dasilva-Amorín invirtió sus ahorros y formalizó una hipoteca para reformar la casa. Su delito fue sustituir una pared de ladrillo por otra de piedra, hecho que fue calificado como "obra nueva" tras la denuncia de una vecina. Se sucedieron los pleitos y ganaron sentencias, pero la última, del TSXG, ordenó el derribo del inmueble, que hasta ahora impidieron los vecinos. Ahora, el titular del Juzgado de lo Contencioso conmina al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia porque teme una quiebra en el Estado de Derecho. ¡País!
En Vigo hay 2.000 pisos ilegales y dicen que las torres de García Barbón, los apartoteles de Samil, un complejo residencial en Castrelos y un centro comercial de grandes dimensiones son el paradigma de la ilegalidad urbanística, que previsiblemente serán legalizados con el Plan Xeral. La lista puede extenderse a otros ayuntamientos en los que se levantaron cientos de edificios bajo la filosofía de "ti vai facendo?", sin que hasta ahora se derribaran más allá de una docena.
Yo no cuestiono la sentencia, líbreme Dios. Probablemente la única solución frente a las barbaridades urbanísticas sean sentencias ejemplarizantes para que funcione la piqueta. Pero deberían empezar por aquellos edificios de una ilegalidad clamorosa, que casi siempre encuentran "medidas de excepción o singularidades" para su legalización circunvalando las leyes? porque en Vigo y en Galicia "solo nos derriban la casa a los pobres".
Parece que la dura lex, sed lex es para los obreros con escasos recursos y sin amigos pudientes. Como los paisanos de la viñeta de Castelao, la familia Dasilva-Amorín se está preguntando: "E agora, ¿a quen podemos recurrir para librarnos da xustiza? A lo mejor, el nuevo Ministerio de Igualdad consigue que todos -pobres y poderosos- seamos iguales ante la ley, también ante la ley urbanística.
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