La crisis y la renta

Es cierto que el Gobierno presentó numerosas medidas para luchar contra la crisis más seria y compleja de cuantas hemos padecido, aunque muchas adolecen de un voluntarismo casi infantil y otras parecen más efectistas que efectivas para hacer frente a los problemas energéticos, inflacionistas, financieros o inmobiliarios.

Pero entre tanta medida extraordinaria, los gobernantes a veces se olvidan de cumplir y hacer cumplir las obligaciones ordinarias que exige la acción de gobernar. Una de ellas es la lucha contra el fraude fiscal, la asignatura pendiente de todos los gobiernos.

En junio muchos ciudadanos pasaron verdaderos apuros económicos para liquidar su renta y patrimonio y un mes después estos contribuyentes cumplidores se enteran que la cifra de impuestos sin pagar asciende a unos 280.000 millones, de los cuales 10.678 millones corresponden a Galicia que ocupa un “honroso” sexto puesto en el ranking de defraudación. El dato lo aportan los Inspectores de Hacienda que culpan de tanto fraude al desinterés del Gobierno porque la evasión de impuestos no es un mal inevitable con el que hay que convivir sino un problema en cuya solución no se ponen los medios adecuados.

Garantizar que la carga impositiva esté repartida entre todos “de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, según dice la Constitución, es una obligación del Gobierno. La tolerancia con los grandes defraudadores y la persistencia del engaño a la hacienda pública evidencian una dejación de funciones que crea agravios comparativos, desanima a los contribuyentes legales, sean asalariados o empresarios, y perjudica a toda la sociedad. Es muy resultón aquel eslogan “hacienda somos todos” pero hay que apostillar que “unos más que otros”.

Por eso, levantar esas inmensas bolsas de fraude debería ser siempre medida prioritaria y más, si cabe, en tiempos de crisis. Porque si se evitara tanto volumen de evasión fiscal seguro que podrían bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos. En beneficio de todos.