Acoso en las alcaldías

Alberto Vasallo, uno de los tres funcionarios del concello Chandrexa de Queixa presentó una reclamación la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno de Ourense porque desde hace unos años trabaja bajo la vigilancia permanente de una cámara que controla sus movimientos. Las imágenes se visualizan en el despacho del alcalde del PP, que fue quien ordenó instalar esa cámara “por medidas de seguridad”.

Hay más casos. En septiembre del año pasado comenté la sentencia favorable a la limpiadora de Punxín, despedida por ser de un partido distinto al del regidor, que es del PSOE; en noviembre, otro juez condenaba al alcalde de Os Blancos a readmitir a dos trabajadores despedidos por motivos ideológicos, es decir, para colocar a otros de Terra Galega, el partido del alcalde.

Este año en febrero el alcalde popular de Dozón era condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuya víctima era una funcionaria; en marzo, el concello de Padrón despedía a una trabajadora después de marearla con cambios de funciones y horario; en junio informaba un dirigente de la CIG en Verín que el alcalde nacionalista de Rairiz de Veiga acumulaba diez condenas de varios juzgados de Ourense por vulnerar los derechos de un trabajador. También en Ourense el arquitecto Jefe de la Diputación, un profesional reconocido con el Premio Europa Nostra, lleva varios años marginado.

Son episodios protagonizados por alcaldes de distintos partidos que tienen como denominador común el mobbing que Rosa Peñasco define como “una violencia psicológica que una persona ejerce sobre otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir su reputación y perturbar el ejercicio de sus labores”.

¿Por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder?, se pregunta Iñaki Piñuel en su último libro “Mi jefe es un psicópata”. Ocupar un cargo público concede el poder de gobernar gestionando los recursos para el bienestar de los ciudadanos. Pero el bastón de mando ni avala ni justifica las prácticas indecentes de estos políticos, que deberían perder el amparo de sus partidos.