La sensatez de un intelectual

Kirmen Uribe es un joven filólogo, profesor y poeta vasco, que pertenece a la generación de los nacidos en la transición, educada en las dos lenguas, que vive el bilingüismo sin connotaciones políticas.

En una entrevista reciente en un diario de cobertura nacional decía que en tiempos de la dictadura “escribir en euskera era una opción casi ideológica para levantarlo. Para nosotros es más natural, han pasado muchos años y ya no tenemos la misión de salvar una lengua, no estamos a la defensiva”.

Preguntado sobre el bilingüismo, advierte que es muy diferente en Galicia, Euskadi y Cataluña, pero lo importante es “que no se trunquen los derechos de nadie, que nadie se sienta incómodo. A mi me gusta que en el País Vasco se hablen diferentes lenguas, pero es importante que nadie sienta la cuestión lingüística como una amenaza. Los vascohablantes hemos vivido muchos años con la sensación de que nuestra lengua no tenía espacio para vivir, que estaba tocada de muerte. Es una sensación que no quisiera para nadie. Asimismo, hay gente en Euskadi que siente que su forma de vivir en castellano está amenazada y es necesario que no tenga esa sensación, que se sienta tranquila”.

Del Manifiesto por la lengua común, promovido por Savater, dice que “no se entendió bien. Creó demasiados rechazos en vez de plantearlo como la preocupación de muchos padres que quieren que sus hijos estudien en castellano. Una preocupación real y, por tanto, muy a tener en cuenta”.

El poeta contrapone la situación de su abuela que hablaba y leía en euskera y de su madre, que aprendió cumplidos los cincuenta, con su generación escolarizada en las dos lenguas que cierra el agujero del franquismo y concluye: ”Sería una lástima que donde los ciudadanos han encontrado una solución, los políticos busquen un problema. Dejen la cuestión lingüística fuera de la lucha partidista. No hagan política con las lenguas”.

He ahí una lección de sensatez de un intelectual nada sospechoso sobre convivencia lingüística que contrasta con tanto radicalismo que, por ser excluyente, hace un flaco favor a una y otra lenguas.

Acoso en las alcaldías

Alberto Vasallo, uno de los tres funcionarios del concello Chandrexa de Queixa presentó una reclamación la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno de Ourense porque desde hace unos años trabaja bajo la vigilancia permanente de una cámara que controla sus movimientos. Las imágenes se visualizan en el despacho del alcalde del PP, que fue quien ordenó instalar esa cámara “por medidas de seguridad”.

Hay más casos. En septiembre del año pasado comenté la sentencia favorable a la limpiadora de Punxín, despedida por ser de un partido distinto al del regidor, que es del PSOE; en noviembre, otro juez condenaba al alcalde de Os Blancos a readmitir a dos trabajadores despedidos por motivos ideológicos, es decir, para colocar a otros de Terra Galega, el partido del alcalde.

Este año en febrero el alcalde popular de Dozón era condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuya víctima era una funcionaria; en marzo, el concello de Padrón despedía a una trabajadora después de marearla con cambios de funciones y horario; en junio informaba un dirigente de la CIG en Verín que el alcalde nacionalista de Rairiz de Veiga acumulaba diez condenas de varios juzgados de Ourense por vulnerar los derechos de un trabajador. También en Ourense el arquitecto Jefe de la Diputación, un profesional reconocido con el Premio Europa Nostra, lleva varios años marginado.

Son episodios protagonizados por alcaldes de distintos partidos que tienen como denominador común el mobbing que Rosa Peñasco define como “una violencia psicológica que una persona ejerce sobre otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir su reputación y perturbar el ejercicio de sus labores”.

¿Por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder?, se pregunta Iñaki Piñuel en su último libro “Mi jefe es un psicópata”. Ocupar un cargo público concede el poder de gobernar gestionando los recursos para el bienestar de los ciudadanos. Pero el bastón de mando ni avala ni justifica las prácticas indecentes de estos políticos, que deberían perder el amparo de sus partidos.

La crisis y la renta

Es cierto que el Gobierno presentó numerosas medidas para luchar contra la crisis más seria y compleja de cuantas hemos padecido, aunque muchas adolecen de un voluntarismo casi infantil y otras parecen más efectistas que efectivas para hacer frente a los problemas energéticos, inflacionistas, financieros o inmobiliarios.

Pero entre tanta medida extraordinaria, los gobernantes a veces se olvidan de cumplir y hacer cumplir las obligaciones ordinarias que exige la acción de gobernar. Una de ellas es la lucha contra el fraude fiscal, la asignatura pendiente de todos los gobiernos.

En junio muchos ciudadanos pasaron verdaderos apuros económicos para liquidar su renta y patrimonio y un mes después estos contribuyentes cumplidores se enteran que la cifra de impuestos sin pagar asciende a unos 280.000 millones, de los cuales 10.678 millones corresponden a Galicia que ocupa un “honroso” sexto puesto en el ranking de defraudación. El dato lo aportan los Inspectores de Hacienda que culpan de tanto fraude al desinterés del Gobierno porque la evasión de impuestos no es un mal inevitable con el que hay que convivir sino un problema en cuya solución no se ponen los medios adecuados.

Garantizar que la carga impositiva esté repartida entre todos “de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, según dice la Constitución, es una obligación del Gobierno. La tolerancia con los grandes defraudadores y la persistencia del engaño a la hacienda pública evidencian una dejación de funciones que crea agravios comparativos, desanima a los contribuyentes legales, sean asalariados o empresarios, y perjudica a toda la sociedad. Es muy resultón aquel eslogan “hacienda somos todos” pero hay que apostillar que “unos más que otros”.

Por eso, levantar esas inmensas bolsas de fraude debería ser siempre medida prioritaria y más, si cabe, en tiempos de crisis. Porque si se evitara tanto volumen de evasión fiscal seguro que podrían bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos. En beneficio de todos.